Indefensión en las compras por Internet

El comercio por Internet en España está a la cola de Europa, según las estadísticas. Como usuario frecuente de este tipo de servicios, no puedo decir que me sorprenda. Salvo contadas excepciones de grandes cadenas y empresas de reconocida solvencia que ofrecen entre sus alternativas tiendas on line, el servicio de los demás está más próximo de la delincuencia organizada que del futuro que pretenden vendernos. Como única ventaja ofrecen el precio, tampoco excepcional si buscamos bien otras opciones. El resto son todo desventajas, empezando por un servicio técnico o de atención al cliente que, o bien no existe, o únicamente responde de forma automática con respuestas enlatadas.

El problema añadido en estas compras es la indefensión ante el fraude, ya que con frecuencia son empresas de otro país de la Unión Europea y las oficinas del consumidor no cuentan con recursos para hacerles frente. Entiendo que de acuerdo con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, los pedidos y facturas on line tienen el mismo valor legal y contractual que cualquier otro documento.

Supongo que todos los recursos tecnológicos de que disponen estos individuos podrían ser empleados de igual modo por el Instituto Nacional de Consumo o sus equivalentes autonómicos para resolver, o cuando menos mediar, en este tipo de abusos cada vez más frecuentes. Los foros de Internet están plagados de estos casos, a cual más sangrante, y de muy recomendable revisión antes de desembolsar cualquier cantidad de dinero, por pequeña que sea. Sin embargo, la información disponible en las webs correspondientes a esos servicios oficiales es cualquier cosa menos útil, haciendo referencia a los sistemas arbitrales a los que estas empresas pirata por supuesto no están adheridas. La trampa, por delante de la ley, como siempre.