El Gobierno estudia ceder a las autonomías el 80% del IRPF

El Gobierno se plantea la cesión del 80% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a las comunidades autónomas en el marco del proceso negociador del nuevo Estatuto catalán. Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana (ERC) han reclamado, por su parte, para lograr un principio de acuerdo, el cien por cien del IRPF y la inspección del impuesto de sociedades con el objetivo de dotar de contenido la Agencia Tributaria catalana.

Gobierno, PSOE y los partidos catalanes que apoyaron el Estatuto en Cataluña están enfrascados en un frenesí negociador que cada día se traduce en multitud de reuniones y conversaciones telefónicas a múltiples bandas. Lo primero es cerrar un pacto sobre el nuevo sistema de financiación, una de las piedras angulares del nuevo Estatuto. Así lo desean las formaciones catalanas y el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Éste está convencido de que una vez acordado el nuevo modelo, la negociación sobre el resto del Estatuto sería más llevadera, según se lo expresó ayer al secretario general de ERC, Joan Puigcercós, con quien conversó telefónicamente.

CiU y ERC ya han transmitido al Gobierno su propuesta de mínimos sobre el modelo de financiación. Los convergentes Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida reclamaron en la noche del martes la cesión a Cataluña de entre el 80% y el 100% del IRPF y que la Generalitat pueda tener capacidad inspectora del impuesto de sociedades. El republicano Joan Puigcercós pidió lo mismo pero exigiendo el traspaso de la totalidad del impuesto sobre la renta.

Aunque la capacidad inspectora del impuesto de sociedades no supondría un incremento de los recursos financieros de la Generalitat, sí llenaría de contenido la futura Agencia Tributaria autonómica. Además, el Gobierno catalán podría aumentar la eficacia recaudadora de este tributo -el País Vasco es un buen ejemplo- y obtendría una radiografía certera de la situación económica de Cataluña.

El Gobierno todavía no ha respondido a la demanda de CiU y ERC aunque se ha comprometido a entregar hoy una contrapropuesta mucha más beneficiosa para Cataluña que la planteada el pasado lunes. Entonces, el secretario de estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ofreció el 50% del IRPF -en la actualidad es el 33%-, el mantenimiento de la cesión del 35% del IVA y amplia capacidad normativa sobre los impuestos especiales (hidrocarburos, alcohol y tabaco) y sobre el de la renta. El Gobierno se reservaría el impuesto de sociedades, el IVA y el de fabricación.

Fondo de suficiencia

Fuentes del Ejecutivo central confirmaron que Economía se plantea llegar hasta el 80% del IRPF aunque todavía, matizaron, debe estudiar el impacto que esta cesión tendría sobre la hacienda pública y sobre la distribución del fondo de suficiencia -mecanismo de redistribución interterritorial del actual modelo de financiación-.

Fuentes de CiU se mostraron optimistas en que, al final, el Ejecutivo central acabará cediendo el cien por cien del IRPF. Mientras, Esquerra Republicana también presionará para que la Generalitat pueda obtener no sólo la inspección sino también la recaudación del impuesto de sociedades.

El Gobierno estudia también la propuesta de los partidos catalanes, planteada en las reuniones bilaterales del martes, de que el texto del Estatuto recoja un compromiso que asegure que la comunidad no pierda posiciones en la lista de renta per cápita después de la aplicación de mecanismos de solidaridad. La contrapropuesta que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, entregó el viernes a los partidos catalanes eliminó el criterio establecido en el Estatuto de que los servicios prestados por los diferentes Gobiernos autónomos "puedan alcanzar niveles similares siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar".

La propuesta alternativa presentada por los partidos catalanes cuenta con la reticencia de algunas comunidades gobernadas por el PSOE, según reconoció en la mesa de negociación la delegación socialista. El Gobierno estudia, asimismo, la pretensión de los partidos catalanes de que el texto estatutario precise los impuestos cedidos, así como la capacidad normativa.