La Hacienda de Guipúzcoa reabre parte de su sede incendiada en junio

La Hacienda Foral de Guipúzcoa reabrió ayer varias plantas de su sede central -las que concentran la mayoría de los servicios de atención al público-, tras el incendio intencionado que hace seis meses destruyó buena parte del edificio y obligó a su total desalojo. La Diputación ha aprovechado la rehabilitación para reforzar las medidas de seguridad de la torre de Errotaburu, junto al barrio donostiarra del Antiguo.

La llamada torre inteligente, de 17 plantas, doce en superficie y cinco soterradas, fue escenario de un trágico suceso el pasado 12 junio. El guarda de seguridad Manuel Ignacio Apaolaza asesinó a su superior, Florencio Parra, incendió el inmueble y huyó. Horas después se suicidó, según consta en las diligencias judiciales. El fuego afectó sobre todo al piso séptimo, donde trabajaban los máximos responsables del Departamento de Hacienda, y a la primera planta del sótano, que albergaba el centro de control de seguridad. Los 339 empleados que trabajaban en el edificio y los servicios que realizaban tuvieron que ser trasladados a otras dependencias de la ciudad.

Durante estos últimos seis meses se ha reconstruido totalmente la primera planta del sótano, se ha descontaminado y limpiado el inmueble y se han recuperado elementos del mobiliario y equipos técnicos. Se han reparado además las instalaciones generales del edificio, desde el suministro de electricidad hasta el sistema de seguridad.

Estas tareas permitieron reabrir ayer las plantas del sótano, la planta baja y los pisos primero, segundo y tercero, a los que se reincorporaron sus 171 empleados. El traslado de nuevo a Errotaburu de estos trabajadores y de los servicios que realizan, la mayoría de atención al público, permitió a la Hacienda guipuzcoana cerrar la ubicación provisional de Miramón.

El resto de las dependencias se abrirá en dos fases: en febrero las plantas quinta y sexta y en junio, la cuarta, séptima, octava, novena y décima. Los gastos ocasionados por el incendio ascenderán a ocho millones de euros.

El siniestro ha llevado a la Diputación a reforzar las medidas de seguridad del inmueble. Ha incrementado el control desde el propio edificio sobre lo que sucede en su interior. Pero, además, a partir de ahora, el seguimiento de lo que allí ocurre se realizará también desde el palacio foral y desde la empresa que presta los servicios de seguridad a la Diputación. Así lo explicó el diputado general, Joxe Joan González de Txabarri, quien visitó las instalaciones restauradas junto al titular del departamento para la Fiscalidad y las Finanzas, Juan José Mujika, y el portavoz foral, Koldo Azkoitia.

Esa vigilancia exterior evitará que los sistemas de emergencia se puedan desactivar sólo desde la torre, como pasó el 12 de junio, cuando el mecanismo de seguridad, "pese a contar con todas las garantías europeas", quedó neutralizado porque "nadie controlaba al controlador", subrayó Txabarri.