La promotora del aeropuerto de Castellón decide retirar las máquinas que trabajaban en las obras

La sociedad promotora del aeropuerto de Castellón (Aerocas), formada por la Diputación y la Generalitat Valenciana, decidió ayer retirar las máquinas de la zona en la que se están efectuando las obras, que fueron paralizadas por el Ministerio de Fomento hace casi dos meses. La decisión tomada por el consejo de administración se debe, según indicó el presidente de la misma y jefe de la Diputación, Carlos Fabra, a la "nula voluntad del Gobierno central en llevar adelante una infraestructura vital para el desarrollo económico de la provincia",

"No hemos encontrado ningún razonamiento para paralizar las obras, que podrían haber continuado y, a la vez, solventarse los problemas de tramitación del expediente", aseguró ayer Carlos Fabra. Por su parte, el vicepresidente de Aerocas y del Consell, Víctor Campos, señaló que existe un escenario técnico y otro político, "y ha primado el segundo, ya que, desde el primer momento, al PSOE no le ha gustado el proyecto del aeropuerto por haber sido impulsado por el PP, por lo que se ha centrado en intentar boicotearlo y dinamitarlo".

La retirada de la máquinas se debe, entre otras cosas, al coste que supone el mantenimiento de las mismas, a pesar de que no se trabaja en las obras. Según la estimación realizada por la adjudicataria del proyecto y los técnicos de la Diputación, el mantenimiento asciende a cerca de 300.000 euros diarios. La concesionaria ha cifrado en 15 millones de euros el coste de la paralización, a los que habría que unir los 4,5 millones que supondrá la retirada y reposición de las máquinas cuando Fomento permita el reinicio de la obra. Esto eleva a 19,5 millones de euros la deuda de la Administración con FCC, Lubasa y PGP, que forman la concesionaria, en el caso de que la sociedad adjudicataria reclame esta indemnización, hecho que, de momento, no se ha producido. En cualquier caso, Fabra aseguró ayer que Aerocas "exigirá" a Fomento que corra con este sobrecoste ya que considera que el ministerio carece de razones para determinar y mantener dicha suspensión.

Informe

El presidente de Aerocas mostró ayer, como argumento para apoyar su consideración, unos documentos que muestran cómo en octubre de 2004 la Dirección General de Aviación Civil daba por aprobado el proyecto de construcción, a la espera de que la Abogacía del Estado emitiera un informe que señalara cuál era el órgano competente para firmar la aprobación definitiva. Ese informe nunca llegó pero, un año después, el abogado del Estado sí justificó, "de manera inmediata", según señaló ayer Carlos Fabra, la paralización de las obras del aeropuerto.

En cualquier caso, antes de recurrir a la vía contencioso-administrativa, la sociedad Aerocas esperará la respuesta de Fomento al recurso de alzada que presentó ante la paralización cautelar

El subdelegado del Gobierno en Castellón, Juan María Calles, contestó rápidamente a las acusaciones de los populares e indicó: "O el vicepresidente del Consell desconoce los procedimientos administrativos, lo que ya en sí sería grave, o quien miente y engaña es el Gobierno valenciano por intentar forzar la legalidad para ejecutar unas obras que hoy por hoy no reúnen los requisitos necesarios".

Sobre la polémica, Calles mantuvo que el Gobierno valenciano, "ante su propia debilidad, su división interna y su quiebra financiera, quiere ver enemigos en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, en el Gobierno de España, en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y en cuantas instituciones ponen en cuestión su acción de gobierno".