Costa de cemento

Más de medio millón de viviendas están previstas en los proyectos aprobados o anunciados en la Comunidad Valenciana. La presión de la demanda europea (hay 800.000 familias interesadas en instalarse en esa parte de la costa) está provocando una dinámica urbanística incontrolada, al precio de convertir una zona privilegiada en un territorio cada vez menos habitable.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? En 1994, el Gobierno valenciano, entonces en manos socialistas, aprobó la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que buscaba liberar suelo para dotar al gobierno autónomo de un instrumento de intervención urbanística. Pero el PSOE perdió las elecciones autonómicas en 1995 sin haber llegado a aprobar el reglamento de su aplicación. Tampoco lo hizo el PP, que le sustituyó, y que apostó por una privatización del suelo liberado por la ley en beneficio de los grandes promotores, que llevan años actuando sobre esa superficie sin una normativa que ponga orden en el proceso.

El descalabro se ha evidenciado tras conocerse la decisión del Parlamento Europeo de reclamar una moratoria para frenar planes de recalificación de suelo en la región. La Comisión Europea, por su parte, ha amenazado con denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE si el Gobierno valenciano no modifica, para adecuarlo a la normativa comunitaria, el proyecto de nueva ley urbanística, actualmente en tramitación. La ministra de Medio Ambiente, Narbona, apoya esa moratoria y recuerda que el Plan Hidrológico exige que cualquier proyecto urbanístico debe incorporar un informe favorable de sostenibilidad desde el punto de vista del suministro de agua.

La experiencia de los años sesenta y setenta del pasado siglo, en que se arrasó gran parte de la costa por falta de normas de ordenación, parecía irrepetible. Se pensaba que, por propio interés, las administraciones y el sector inmobiliario se concertarían para evitar matar a la gallina de los huevos de oro. Pero de nuevo los intereses a corto plazo están prevaleciendo sobre los criterios de sostenibilidad. El valenciano es el único segmento de nuestra costa mediterránea que sigue sin un plan global de ordenación. Los socialistas protestan por ello, pero en 10 años no han reclamado al PP el reglamento de la ley urbanística, y en cambio han aplicado en los ayuntamientos en que gobiernan los llamados Programas de Actuación Integrada (PAI), que han permitido operaciones inmobiliarias gigantescas que en ocasiones supondrán multiplicar por 30 el número de residentes.

Los ayuntamientos ven en la recalificación de suelo una fuente adicional de ingresos, o de compensaciones de las inmobiliarias (construcción gratuita de campos de fútbol, por ejemplo), que esgrimen como coartada para hacer la vista gorda. Por eso ha resultado tan oportuna la intervención de Bruselas. No siempre la instancia más próxima es la más indicada para decidir en estas cuestiones. Y es de esperar que no entremos ahora en una esgrima entre la Administración central y la autónoma sobre quién es más culpable de los males que la UE denuncia (con el efecto de atrasar las decisiones necesarias para remediarlos).