Hallados informes confidenciales en un centro escolar abandonado

El antiguo colegio público Parque Ansaldo de Sant Joan d'Alacant fue abandonado al finalizar el curso 2003-2004. Desde entonces ha sufrido un agudo proceso de degradación: las puertas exteriores e interiores han sido arrancadas; las ventanas rotas y, según el alcalde, Francesc de Paula, los asaltantes se han llevado alguna tubería. El vecino Antonio Beltrán afirma que el sábado pasado, tras acceder al recinto, encontró en el segundo piso varias carpetas que contenían documentos confidenciales sobre alumnos de educación especial. Posteriormente, añade Beltrán, halló expedientes parecidos en el patio del antiguo colegio, "manchados de barro" y semiocultos entre las malas hierbas.

En los informes constan los datos básicos de los chavales -nombre y apellidos, domicilio, edad y profesión de los progenitores- y también una evaluación psicológica, en la que se describe la "identidad y representación familiar"; el grado de desarrollo y coordinación psicomotriz y el nivel intelectual. El último apartado de los expedientes recoge las estrategias formativas que deben adoptar los docentes.

La mayor parte de los documentos llevan el sello municipal, y fueron emitidos por el gabinete psicopedagógico del Ayuntamiento.

Custodia de los documentos

La edil de Educación de Sant Joan, Elena García, expresó ayer su extrañeza ante el descubrimiento, ocurrido más de un año después de la clausura del colegio. García explicó que el gabinete municipal se dedica a asesorar a los centros públicos, pero que la custodia de los informes, una vez entregados, corresponde a la dirección del centro y, en última instancia a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que deben garantizar la remisión de los informes a los colegios en los que sean matriculados los menores.

El barrio del Parque Ansaldo fue conocido durante un par de décadas como el más marginal de Sant Joan d'Alacant. Concebido en principio como una zona residencial para la clase obrera, el barrio fue degradándose hasta alcanzar una de las tasas de delincuencia más altas de España, según recordaba ayer el alcalde De Paula.

A mediados de la década de los años 90 comenzó a plantearse el derribo de los edificios, lo que generó una importante polémica. La negativa inicial de la Consejería de Obras Públicas, y de los vecinos, que se resistieron violentamente a abandonar las casas, retrasó el inicio de las demoliciones. El acuerdo fue alcanzado finalmente a finales de la década por el Consistorio, en manos de la izquierda, y la Generalitat, gobernada por el Partido Popular. Los derribos se iniciaron en 1999 y concluyeron en el año 2004. La medida fue respalda por las ONG de Alicante después de que se incluyera un plan social que garantizase el realojo de las familias, muchas de ellas de etnia gitana.