El alcalde de Estepona rectifica y someterá los convenios urbanísticos a la nueva ley del suelo

Una llamada al orden de la dirección regional del PSOE al alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, tuvo ayer como efecto la desconvocatoria del pleno municipal extraordinario que iba a celebrarse mañana para aprobar seis convenios urbanísticos por los que el consistorio se embolsará 24 millones de euros. La medida se iba a adoptar apenas dos días antes de que el lunes entre en vigor la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo que impide a los Ayuntamientos cobrar dinero de convenios urbanísticos por anticipado. Barrientos ha suspendido el pleno "para evitar suspicacias" .

La convocatoria del pleno para aprobar los convenios urbanísticos dos días antes de la entrada en vigor de la ley que prohibe a los ayuntamientos cobrar ingresos por este concepto antes de que la Junta apruebe definitivamente los planes urbanísticos que permitan desarrollarlos, despertó un gran malestar en la cúpula del PSOE, y más aún las declaraciones que hizo Barrientos en contra de la ley para justificarlas. El alcalde de Estepona tachó antes de ayer la ley de restrictiva y dijo que pondrá en dificultades económicas a los ayuntamientos.

La dirección regional hizo ayer una "llamada al orden" a Barrientos y le pidió que "por coherencia" no aprobara los convenios antes de la entrada en vigor de la ley. Además, le transmitió que si seguía adelante, la dirección del PSOE no tendría más remedio que desautorizarlo. "No se puede tirar por tierra el discurso que el partido y la Junta viene manteniendo desde hace años", explicó un dirigente del PSOE. La misma fuente explicó que Barrientos había entendido lo inconveniente que resultaba aprobar ahora los convenios, y que accedió "de buen grado" dar marcha atrás.

El alcalde recordó que los convenios son "absolutamente legales", conformes al documento de avance del nuevo PGOU, actualmente en información pública, y al Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental, pero reconoció que la celebración del pleno podía provocar "interpretaciones torticeras".

Barrientos emitió en la tarde de ayer un escueto comunicado en el que se limitaba a informar de que "ante la posibilidad de que erróneas interpretaciones deriven en suspicacias y pongan en tela de juicio la gestión transparente, bajo el más estricto respeto a la legalidad, que viene realizando, de forma sistemática, el equipo municipal de Gobierno y dada la trascendencia de los puntos a tratar, queda suspendida la sesión plenaria extraordinaria que se iba a celebrar el próximo sábado, 10 de diciembre, y que será convocada para una nueva fecha".

La dirección regional del PSOE siempre ha advertido de que "vigila" de forma especial la gestión urbanística de Barrientos que gobierna desde las elecciones municipales de 2003 con el Partido Estepona, fundado por ex militantes del GIL, y con el PA. Aquel pacto provocó un intenso debate interno en la organización. La Consejería de Obras Públicas ya ha tenido algunas discrepancias con Barrientos por la venta a una promotora de una parcela junto al puerto deportivo y por la negativa de éste a revisar una licencia de obras concedida en suelo destinado a equipamiento.

La oposición municipal en Estepona saludó la desconvocatoria del pleno. El portavoz del PP, Ignacio Mena, aseguró que la sesión era ilegal porque no se habían respetado los plazos de la convocatoria y que "que tenía por objetivo recaudar dinero para eludir la ley del suelo y poder pagar las nóminas de los trabajadores", informa Efe.

Mena dijo que la normativa resulta "intervencionista, pero mientras sea esa se tiene que cumplir y no se puede eludir". Antes de conocer la marcha atrás de Barrientos, el portavoz del PP en el Parlamento Andaluz, Antonio Sanz, dijo que éste pretendía "burlar el cumplimiento de la ley y el espíritu que defiende el PSOE, aunque sea un alcalde de su propio partido".

El orden del día del pleno de mañana constaba de 13 puntos con asuntos urbanísticos entre los que se incluían seis convenios de desarrollo de planeamiento con diferentes promotoras, por los que el Ayuntamiento obtendrá 24 millones de euros. Cuatro de ellos se refieren a la construcción de viviendas, 2.500 en total, que incluyen ciertos equipamientos como un auditorio y una biblioteca internacional. Otro de los convenios es para el desarrollo de un parque comercial y de ocio que según el consistorio será el más grande de España, y el último permite al Ayuntamiento obtener suelo para la construcción de 600 viviendas públicas. Los convenios deberán aguardar ahora a que se apruebe el nuevo PGOU de la ciudad.