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El alcalde de Sant Cugat se opone a una residencia para discapacitados

Recoder dice que el equipamiento rebajará la calidad de vida

El proyecto de creación en Sant Cugat del Vallès de una residencia para discapacitados psíquicos y una residencia asistida para personas mayores que necesitan cuidadores ha desatado la polémica. El alcalde de la población, el convergente Lluís Recoder, asegura que "hará todo lo posible para evitar" que su municipio albergue "un equipamiento que pueda afectar la calidad de vida de los vecinos".

El pasado verano la Fundación Mercè Fontanilles, una ONG sin ánimo de lucro, inició los trámites para comprar 65 hectáreas de bosque y 20 calificadas como equipamiento en la finca de Can Monmany de Valldoreix, en Sant Cugat. En aquel momento, según el presidente de la fundación, Domènec Domènech, presentaron una memoria con sus intenciones ante la Administración local. En ninguna parte de la memoria se decía que los equipamientos "iban destinados a colectivos drogodependientes, ni a reclusos, ni a ex reclusos". Sin embargo, la documentación distorsionada llegó a la población y "se acabaron diciendo auténticas barbaridades, como que se haría un macrocentro de 600 plazas para toxicómanos en el bosque".

De haberse sabido que el destinatario de nuestra memoria iba a ser el ciudadano, "para no confundir a nadie, cuando hablábamos de personas con dependencias, hubiésemos aclarado que nos referíamos a personas afectadas principalmente por su falta de movilidad, que precisan de cuidadores para realizar sus necesidades más básicas y que a menudo se trata de personas mayores", explica Domènech.

Mecanismos legales

Sea como fuere, lo que era una memoria de intenciones ha desatado todo tipo de comentarios en Sant Cugat, envíos de cartas a los buzones e incluso una página web. La alarma ha provocado el comunicado de ayer del Ayuntamiento, que da un no rotundo al equipamiento. El alcalde asegura: "No se trata de un equipamiento de interés para la ciudad y supera el ámbito local". Por otro lado, Recoder añade en su comunicado: "Tenemos mecanismos legales para evitarlo, ya que para instalar cualquier equipamiento en Can Monmay hace falta aprobar un Plan Especial de Equipamientos y otorgar la correspondiente licencia de actividades". El alcalde asegura: "[Que la fundación tenga el apoyo de la Generalitat] no nos detendrá. Nos opondremos a lo que se ha planteado públicamente y no admitiremos que se nos intente colar por la puerta de detrás un equipamiento perjudicial para los vecinos". No obstante, Domènec asegura que el compromiso con el propietario para comprar la finca es firme y que, de momento, no piensan retirarse.

La fundación, creada en 1991, tiene su origen en la asociación Estrep. En sus inicios trabajaba sobre todo con temas relacionados con la drogodependencia, pero en estos momentos, asegura su presidente, su actividad abarca más campos. Desde el apoyo a los enfermos de sida hasta la integración social y laboral de los inmigrantes, pasando por la atención a la infancia y enfermos mentales o la atención domiciliaria a la gente mayor.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de diciembre de 2005