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Industria prepara una fuerte subida de la tarifa eléctrica para grandes empresas

Montilla pretende que el aumento de los precios se sitúe en torno al 4% de media en 2006

El Gobierno estudia para 2006 una subida significativa de la tarifa eléctrica que pagan los grandes clientes industriales (denominada G4) con contratos interrumpibles. Con la medida, según señalan fuentes al tanto de las negociaciones entre el Ministerio de Industria y las compañías eléctricas, el Ejecutivo intentará limitar la inmediata subida media de tarifas eléctricas en el entorno del 4% tras nueve años de contención. Industria hace frente a las fuertes presiones de las eléctricas, que, aunque divididas en su estrategia, exigen cobrar todo el déficit tarifario generado en 2005.

Consultado sobre la posible subida de las tarifas industriales en 2006, el Ministerio de Industria declinó hacer comentarios. Sin embargo, las fuentes del sector consultadas señalan que la revisión de las tarifas para los grandes clientes industriales está sobre la mesa.

Los usuarios más afectados por la medida, entre los 53.159 clientes que, según datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), pagan la tarifa de alta tensión, serían poco más de un centenar. Exactamente 104 clientes industriales acogidos al denominado suministro interrumpible, que tienen contratos más baratos a cambio de aceptar cortes de suministro en caso de necesidad.

Esos clientes, que son grandes industrias (acerías, cementeras, productoras de aluminio...), consumieron, según datos de la CNE hasta el mes de junio, el 11,2% de la electricidad (8.129 gigavatios a la hora) y pagaron el kilovatio-hora consumido a 2,77 céntimos, frente a los 7,89 céntimos el kilovatio-hora de media del conjunto de los consumidores y los 9,8 céntimos de los consumidores domésticos.

Más recaudación

Una subida significativa de los contratos de esos grandes clientes permitiría, sobre el papel, elevar significativamente la recaudación del sistema, que a final de año puede registrar un déficit (diferencia entre los costes previstos de producción y los costes reales) de en torno a 3.500 millones de euros.

Ese déficit es el que reclaman, con la Ley Eléctrica en la mano, las empresas del sector. Las compañías, divididas en su estrategia especialmente tras la oferta pública de adquisición (OPA) de Gas Natural sobre Endesa, han contabilizado en sus balances ese déficit como si fueran ingresos. Y con ese hecho consumado, solicitan subidas de tarifas eléctricas de hasta el 20%, si bien no se oponen frontalmente a que las subidas se produzcan de forma escalonada.

Pero el Gobierno, atrapado entre una forma de calcular las tarifas que no cubre gastos, una OPA en marcha y un sector dividido pero ducho en la presión y en la negociación, no está dispuesto a presentar subidas de dos dígitos a 23 millones de usuarios. El coste político podría ser muy alto.

Por ello, el equipo ministerial que encabeza el secretario de Estado de Energía, Antonio Fernández Segura, analiza con lupa todos los componentes de la tarifa para tratar de suavizar lo más posible los aumentos inmediatos.

La idea es sujetar la subida media de tarifas que debe aprobarse este mes de diciembre en torno al 3% o 4% (en 2005, la subida media fue del 1,7%). La decisión final sobre dónde apretar las tuercas, una vez que se ha asumido el fin de nueve años de contención (la metodología aprobada por el anterior Gobierno establecía subidas máximas del 2% hasta 2010), la tomarán el Ministerio de Industria y el de Economía, en una próxima reunión al más alto nivel.

Cambio a fondo

Será una decisión sobre lo más inmediato. Porque, según ha anunciado el propio Ministerio de Industria, una vez que se disipe la agitación provocada por la OPA de Gas Natural sobre Endesa, allá por la primavera, el departamento abordará un cambio en profundidad de la metodología de las tarifas. Será entonces cuando se decida cómo adecuar las tarifas a la evolución de los costes reales, cómo introducir mecanismos para contener el consumo y cómo profundizar en una competencia que ahora sólo existe sobre el papel.

Todo ello en medio de las peticiones unánimes del sector para que, de una vez, desaparezcan las tarifas reguladas. La asociación patronal eléctrica Unesa, que pasa por ser la voz de un sector que factura unos 170.000 millones de euros anuales, ha enviado a la UE documentos en los que asegura que el sistema liberalizado no funciona en España, porque las tarifas se han convertido en un espacio refugio que impide la competencia real.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de diciembre de 2005