Chaves anuncia la retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento de Marbella

La paciencia de la Junta con el Ayuntamiento de Marbella se ha acabado. El presidente del Gobierno autonómico, Manuel Chaves, anunció ayer que iniciará los trámites para retirar las competencias del Consistorio en materia de urbanismo en cuanto entre en vigor, el próximo 12 de diciembre, la reforma de la Ley del Suelo aprobada por el Parlamento andaluz, que contempla esta posibilidad para los municipios que incumplan de forma grave la normativa en la materia. Chaves no quiso aventurar cuándo será efectiva esta medida, que quiere recuperar "la legalidad y la normalidad urbanística en la ciudad".

La retirada de competencias se realizará "con todas las garantías del mundo", explicó Chaves en una conferencia de prensa en Marbella previa a una reunión del PSOE de Málaga. "Audiencia al Ayuntamiento, dictamen del Consejo Consultivo, alegaciones de todo tipo, e informe favorable del propio Parlamento de Andalucía", enumeró Chaves, que evitó decir cuándo será efectiva la medida y si afectará al plazo previsto para la aprobación del nuevo planeamiento urbano de la ciudad. Por su parte, la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, se limitó a aseverar: "Vamos a hacer todo lo posible para que sea lo antes posible".

"Hemos constatado que no hay voluntad de enmienda por el actual equipo de gobierno de Marbella", afirmó Chaves para explicar las razones de la decisión. El presidente andaluz, que confirmó que no se había comunicado directamente la decisión a las autoridades marbellíes, hizo un repaso de la situación en esta localidad. "El actual Ayuntamiento se ha descompuesto", comenzó, una situación que además "es fruto de la descomposición del anterior equipo de gobierno". "No es sostenible que 18 de los 27 miembros del Ayuntamiento estén imputados o condenados, entre ellos 11 de los 13 miembros del equipo de gobierno, incluida la alcaldesa", dijo.

"Las actuaciones del actual equipo de gobierno están haciendo imposible que se avance en la elaboración del plan general de ordenación urbana de la ciudad", continuó. La última escaramuza entre ambas administraciones se produjo la pasada semana, cuando el coordinador del PGOU del Consistorio marbellí, Arturo Moya, calculó en 6.500 millones de euros el coste de reparar las irregularidades cometidas en los últimos años. Chaves, que dijo que esta cifra "no se ajusta a la realidad", negó que con esta decisión se esté respondiendo a las declaraciones de Moya.

"Se siguen concediendo licencias ilegales, a través del silencio administrativo y de muchas otras formas", continuó el presidente de la Junta. "No se cumplen los autos y resoluciones de los tribunales de justicia. No se han revisado la mayoría de las licencias concedidas por el Ayuntamiento tras la anulación judicial del plan de 1998", añadió. Chaves recordó que la Junta ha impugnado al actual equipo de gobierno "más actuaciones que al anterior del señor Gil". De hecho, en los poco más de dos años de gobierno de Marisol Yagüe, el gobierno regional ha impugnado en los tribunales 209 licencias municipales de obras, casi las mismas que las que acumularon Jesús Gil y Julián Muñoz en 12 años, 211. "No queremos poner un freno a la construcción en Marbella, queremos poner un freno a la construcción ilegal, que no respeta las reglas del juego", afirmó el presidente andaluz.