El Gobierno vasco elude pronunciarse sobre el macrojuicio

El macrojuicio a 56 empresas y organizaciones del entorno de Batasuna se abre hoy en la Audiencia Nacional en Madrid. El proceso se apoya en la tesis del magistrado Baltasar Garzón de que ETA es más que sus comandos. El Gobierno vasco, que se volcó a principios de año en apoyo de los 33 procesados de Jarrai (juventudes de Batasuna) en los que se aplicó el mismo principio y fueron absueltos, mantiene ahora un perfil bajo.

El Ejecutivo vasco considera que todos estos procesos son elementos del pasado. El lehendakari, Juan José Ibarretxe, llegó a calificar como la "cola del cometa del pensamiento único" de la etapa del ex presidente José María Aznar el juicio contra el ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa (PNV), y otros dos miembros de la Mesa de la Cámara de Vitoria.

Este silencio del Gobierno no es compartido por los partidos que lo apoyan (los nacionalistas PNV y EA y EB-IU). El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, asegura que en nombre de "la seguridad" se han "vulnerado derechos fundamentales".

Unai Ziarreta, secretario general de EA, cree que este juicio "es un obstáculo al proceso de paz", por lo que su partido enviará a la vista a su secretario de Política Institucional, Alberto Unamunzaga, para mostrar su apoyo a los acusados. La misma tesis mantiene el portavoz parlamentario de EB, Oscar Matutes.

Frente a la posición de los nacionalistas, el portavoz del PP del País Vasco, Leopoldo Barreda, sostiene que el juicio "constata que los tiempos de la justicia no son los de la política", y considera que relacionarlo con la apertura de un proceso de paz tiene como objetivo que los jueces "se rijan por la situación política, actúen de forma diferente según el Gobierno de turno", y que "nadie haga chantaje" a los tribunales.

El Gobierno vasco y la presidenta del Parlamento, Izaskun Bilbao (PNV), parecen haber querido llenar la ausencia de un pronunciamiento directo sobre el juicio 18/98 con el apoyo expreso a los siete procesados acusados de asociación ilícita en el caso Egunkaria, el rotativo en euskera clausurado en febrero de 2003 por orden del juez Juan del Olmo al entender que los procesados estaban subordinados a la estrategia terrorista de ETA.

"Estrategia partidista"

Miren Azkarate, la portavoz del Gobierno vasco, leyó el pasado martes una declaración oficial del Ejecutivo en la que tras pedir el sobreseimiento de la causa, se aseguraba que el caso Egunkaria formó parte de la política de Aznar de "instrumentalizar los diferentes poderes del Estado en beneficio de una estrategia partidista de gobernar en contra de Euskadi y de condicionar de forma antidemocrática el Poder Judicial".

Pero lo que se juzga a partir de hoy en las dependencias de la Audiencia Nacional no es el caso Egunkaria, sino el macroproceso contra el supuesto entorno internacional, de propaganda, financiero, político y de desobediencia civil de la organización terrorista ETA.

El abogado José Uruñuela es el único procesado por colaboración con ETA que ha recibido apoyos. 11 jueces y magistrados navarros y más de 200 abogados han rechazado la acusación contra este letrado.