Elegir un colegio

Uno de los puntos que ha generado más conflicto en el texto del proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE), que se está tramitando en el Congreso, ha sido el que se refiere a la libertad de los padres para elegir un centro de educación para sus hijos. Lo que sigue es un repaso a la concreción de ese concepto abstracto, es decir, a lo que tienen que hacer los progenitores para matricular a sus hijos en un colegio, los pasos que han de dar, quién gestiona el proceso y quién pone las reglas.

- ¿Dónde ir? Excepto un intento que se ha llevado a cabo en Cataluña, no hay oficinas centralizadas en las que los padres que tienen que inscribir a sus hijos en un centro de educación puedan informarse. Si se ha optado por la enseñanza pública, normalmente, la mejor manera de informarse es acudir al colegio más cercano a su domicilio. Allí, le explicarán que el proceso de matriculación se abre en abril (en Andalucía lo han adelantado a marzo por el gran volumen de trabajo) y durante el plazo de un mes a partir de ese momento podrán presentar la solicitud de admisión. Y lo deben hacer en ese mismo centro, o en cualquier otro que elijan, pero sólo podrán inscribirse en uno, aunque también podrán especificar en la solicitud otras preferencias en caso de que no haya plaza para su hijo en el colegio solicitado. En algunas comunidades, como Madrid, esta gestión se puede hacer por Internet.

- Criterios de admisión. Tanto los centros públicos como los concertados, ambos financiados con fondos públicos, deben seguir los mismos criterios de admisión si hay más solicitudes que plazas vacantes. Las solicitudes que llegan al centro se puntúan de acuerdo con unos baremos establecidos. En primer lugar, el criterio que más pesa es el de proximidad al centro, después, la existencia de hermanos en el colegio, la renta familiar, y otras circunstancias como pertenecer a una familia numerosa, padecer una minusvalía o una enfermedad crónica digestiva. Además, en la mayoría de las comunidades los centros cuentan con la posibilidad de dar un punto extra bajo el criterio que quieran, siempre que sea aprobado por la Consejería de Educación correspondiente. Normalmente, este punto se concede si el solicitante es hijo de alguno de los profesores, o si sus padres son antiguos alumnos.

- ¿Quién pone las reglas? Con la Ley de Calidad (LOCE) del anterior Gobierno del PP, aún en vigor en lo que se refiere a admisión de alumnos, son las comunidades autónomas las que cada año, mediante un decreto, regulan y concretan los criterios de puntuación para acceder al colegio, entre los que marca la ley como prioritarios. Éstos son: "Renta per cápita de la unidad familiar, proximidad del domicilio, existencia de hermanos matriculados en el centro, concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres o hermanos y condición legal de familia numerosa". Con la actual reforma educativa este punto quedará prácticamente igual: "Existencia de hermanos matriculados en el centro, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus padres o tutores legales, rentas anuales de la unidad familiar y concurrencia de discapacidad en el alumno".

- Zonas de influencia. Las comunidades autónomas son las que delimitan la zona de influencia de cada centro educativo. Los alumnos que viven en esa zona de influencia obtienen la mayor puntuación por proximidad a la hora de matricularse en esos colegios. La LOE establece ahora que la zona de influencia será la misma para los centros públicos y los concertados. En la actualidad, algunos centros concertados, por ejemplo en Andalucía, tienen un área de influencia mayor que los públicos de su alrededor, con lo que la demanda de plazas puede ser más elevada que la que tiene su centro público vecino.

- Trampas en la solicitud. Los centros que reciben las solicitudes suman los puntos que obtiene cada alumno y las envían a las comisiones de escolarización, tanto en papel como de manera informatizada. También les mandan los documentos que certifican la autenticidad de los datos aportados por los padres: el certificado de empadronamiento, una fotocopia del libro de familia numerosa, la prueba médica de que el niño tiene problemas con la alimentación, etcétera. Desde el año pasado, ya no hace falta incluir una copia de la declaración de la renta porque la administración educativa coteja los datos con Hacienda.

Para José Ángel Suárez, director del IES Alexandre Boveda, de Vigo, el problema no está en los criterios de puntuación, que prácticamente siguen de forma idéntica las comunidades, sino en la "picaresca" de los padres, "que pueden llegar a falsear el padrón, o un certificado médico para sumar más puntos y conseguir el colegio elegido".

- Comisiones de escolarización. Cada distrito educativo en que se divide una ciudad tiene su comisión de escolarización. A ella pertenecen representantes de la administración educativa, de los ayuntamientos, de los padres, de los alumnos y de los centros públicos y concertados. La comisión se reúne al inicio del proceso de admisión y se informa de las plazas vacantes en cada escuela. Después reciben las solicitudes que han recogido los colegios y publican una lista provisional de admitidos que se remite de nuevo a los centros, donde se hace pública. Los padres tienen tres días para reclamar en los colegios. Transcurrido ese tiempo, los consejos escolares o los titulares de los centros concertados dicen qué número de plazas de reserva mantienen para alumnos con necesidades educativas especiales o, en su caso, si se dejan sin efecto, circunstancia esta última que tiene que estar justificada ante la Administración y que normalmente se debe a que han quedado alumnos en lista de espera. Según Leoncio Fernández, director del colegio concertado Amorós, del barrio de Carabanchel, en Madrid, "la presión de los padres cuyos niños han quedado en lista de espera hace que estas plazas de reserva se queden sin efecto y sean ellos quienes las ocupen".

Con la Ley de Calidad, todavía en vigor, las comisiones actúan como "meros transportadores de papeles", asegura José Campos, responsable de la Federación de Enseñanza de CC OO. La nueva ley educativa establece que será la Administración la que decida la reserva de plazas en todos los centros sostenidos con fondos públicos, para los alumnos que se incorporan una vez iniciado el curso, lo que ocurre con los inmigrantes. Ahora, según explica Campos, "son los centros los que toman esa decisión". Se trata, continúa, "de que se reparta equilibradamente a estos alumnos".

Finalizado el proceso de reserva de plazas, se publica la lista definitiva de admitidos. En el caso de que alguien se quede sin plaza en el centro solicitado, las comisiones proponen otro colegio alternativo teniendo en cuenta la zona de residencia y las preferencias que marcaron los padres como segunda opción. En junio comienzan las matriculaciones.

- Adscripciones. Los centros de primaria están adscritos a un instituto para la secundaria, en el que tienen preferencia sus alumnos. Si sobran plazas pueden matricularse otros estudiantes de otras zonas. Entre los centros públicos, son las administraciones educativas regionales quienes deciden estas adscripciones teniendo en cuenta la zona en la que se ubican. En cuanto a los concertados, son los mismos centros los que tienen que firmar un acuerdo de adscripción, al que tiene que dar el visto bueno la Consejería de Educación.

- Colegios privados. Los colegios netamente privados ponen los criterios que les parecen oportunos para admitir a los alumnos en su centro. Y pueden establecer su "carácter propio" siempre respetando los principios constitucionales, por ejemplo, ser un centro confesional, laico, etcétera. El centro está obligado a dar a conocer su ideario, ya que tendrá que ser aceptado por los padres.