Desmantelada una red de inmigración irregular desde países del este europeo

La Guardia Civil de Málaga ha desmantelado una red que presuntamente introdujo a 3.000 inmigrantes irregulares del este de Europa desde 2000. Las víctimas pagaban unos 3.000 euros por el transporte, estancia, pasaporte y teléfonos de contacto en España, con la promesa de un empleo bien pagado. La operación, que se inició hace un año, se ha saldado de momento con 40 detenidos y otros 29 imputados, la mayoría ucranianos.

La mayoría de las detenciones de la operación Capri se realizaron a finales de agosto, fecha en la que se hicieron también registros de forma simultánea en los negocios que regentaba la organización. Los detenidos e imputados son ucranianos, rusos, armenios, rumanos, ingleses, holandeses y españoles. Casi todos han sido ya puestos en libertad, y algunos han sido expulsados, según fuentes de la Guardia Civil, aunque probablemente se lleven a cabo nuevas detenciones o imputaciones, ya que según la documentación recabada, habría todavía más de un centenar de personas con alguna implicación, entre ellas víctimas de la red.

Los miembros de la organización iniciaron su actividad en 2000, al constituir dos sociedades, que gestionaban un bar, un locutorio y varios supermercados especializados en productos del este de Europa, además de facilitar empleo a inmigrantes irregulares. La mayoría de sus negocios estaban en la provincia de Málaga, donde tenían un supermercado y un bar en la capital, dos supermercados en Torremolinos y otro en Fuengirola. Además, regentaban un supermercado y un locutorio de Sevilla, un supermercado en Huelva y tenían un supermercado y un locutorio en proceso de apertura en Madrid. También disponían de su propia "agencia" de transporte de personas y mercancías desde Ucrania a España y Portugal.

Las víctimas de la red procedían de prácticamente todos los países del este de Europa, como Ucrania, Rusia, Bielorrusia, Bulgaria o Rumania. Entraban en contacto a través de compatriotas o agencias de viaje en sus lugares de origen, que prometían empleos bien remunerados, según un comunicado. Los 3.000 euros que abonaban, frente a salarios medios de unos 15 euros en sus países de origen, incluían el transporte, estancia, pasaporte con visado de turista y teléfonos de contacto.

Los inmigrantes solían viajar en avión o por carretera, según adelantó ayer el diario Sur, y eran recogidos por miembros de la organización. Éstos les alojaban, normalmente en hoteles como turistas, hasta que caducaba el visado. En ese momento, los transportaban a pisos francos de la red, en los que las víctimas debían pagar entre cinco y ocho euros al día por una cama. Según la Guardia Civil, se hacinaban hasta ocho personas en pisos de 40 metros cuadrados.

Empleadas domésticas

La red ofrecía a los inmigrantes como empleados a través de sus propios establecimientos o en la prensa, y acudían a las entrevistas de trabajo, donde fijaban las condiciones, sueldo u horario. Las mujeres, de entre 20 y 60 años, acababan como empleadas domésticas, tanto internas como externas. Antes, las daban un breve cursillo en las mismas viviendas, con palabras comunes y rudimentos de cocina española. Los hombres trabajaban en sectores como la construcción, la hostelería o la jardinería. Durante el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, la red también vendió falsos contratos de trabajo y certificados de empadronamiento del Ayuntamiento de Marbella.

Según la Guardia Civil, la organización se aprovechaba del desconocimiento del idioma y de la falta de documentación legal en España para someter a una "férrea dependencia" a los inmigrantes. Así, cuando algún empleador tenía un problema con el trabajador, acudía directamente a los miembros de la red. Los integrantes de la organización tenían distintas funciones, de forma que entre los detenidos hay algunos que se encargaban de "formar" a las inmigrantes, otros de negociar las condiciones, de los traslados o de falsificar los documentos.

La operación se inició en noviembre pasado, a raíz de la interceptación de un yate en Benalmádena (Málaga) con nueve inmigrantes irregulares ucranianos a bordo, enrolados como tripulación. Los pilotos del barco, el polaco Andrzej R., de 31 años, y el ucraniano Ruslan B., de 33 años, fueron detenidos, como presuntos encargados de una red en España. Esta organización anunciaba ofertas de empleo en este país a través de la prensa de Ucrania.

A cambio de un importe de entre 2.500 y 3.000 euros, se les facilitaba una serie de documentos que les permitían circular sin impedimento por los países de la Unión Europea. Con estos documentos, accedían a pasar por el primer control como marineros con destino a Gibraltar, vía Londres, para posteriormente enrolarse en una embarcación perteneciente a la red. Así, los inmigrantes que iban a bordo del yate portaban el documento conocido como "pasaporte marinero", que les asigna un cometido especifico dentro de la embarcación.