Conde-Pumpido refuerza la unidad de la fiscalía con la creación de fiscales delegados para toda España

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido que los fiscales de Sala del Tribunal Supremo, la máxima categoría de la carrera fiscal, extiendan su actuación a todo el territorio del Estado a fin de reforzar la unidad de actuación de la Fiscalía y reconducir las interpretaciones contradictorias y los criterios dispersos. Mediante una instrucción a todos los fiscales, Conde-Pumpido ha creado además una estructura de fiscales de Sala delegados del fiscal general para "encabezar, dirigir y coordinar" las redes de fiscales especialistas en materias "especialmente sensibles", como siniestralidad laboral, violencia doméstica, medio ambiente, etcétera.

Según el documento, el propósito de la Fiscalía es sustituir el tradicional modelo de extensión territorial horizontal, basado en la provincia y la estructura interna formal de cada fiscalía -integrada por un jefe, un teniente fiscal y un número de fiscales que cada jefe organiza conforme a las necesidades del lugar y el momento-, por criterios de "especialización" y "coordinación vertical", para obtener una dirección mucho más "ágil, coherente y eficaz". Conde-Pumpido destaca que la creación de las fiscalías especiales -Antiterrorista, Anticorrupción, Antidroga- se han revelado "muy eficaces" frente a las respectivas modalidades delictivas.

Para ello, se designa a los fiscales de las distintas Salas del Supremo como delegados del fiscal general en los distintos órdenes jurisdiccionales -Civil, Penal, Contencioso y Social- y se enumeran en detalle sus funciones, entre ellas las de comunicar todas aquellas resoluciones que, por su interés, deban ser de conocimiento general, además de resolver directamente las consultas informales y confeccionar una propuesta de resolución de las formales. También se detallan las funciones específicas de las "fiscalías delegadas en materias especiales" de reciente o próxima creación, como la de violencia sobre la mujer, protección de víctimas, menores, vigilancia penitenciaria y delitos socioeconómicos, a las que se añadirán las de Medio Ambiente y Siniestralidad Laboral, que se crearán próximamente.