Los tres concejales denunciados tachan de "juicio político" su citación ante el juez

Inés Sabanés (IU), Óscar Iglesias (PSOE) y José Manuel Rodríguez (PSOE), los tres concejales de la oposición que han sido denunciados por la Policía Municipal por "desobediencia" tras una protesta vecinal contra una tala de árboles, declararon ayer ante el juez. Llegaron a los juzgados de la plaza de Castilla a las nueve de la mañana, arropados por decenas de militantes y miembros de asociaciones vecinales, y se fueron casi cuatro horas después, tras acusar al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, de "autoritario", pedirle que "retire la denuncia" y tacharla de "juicio político". "El gobierno municipal no puede retirar denuncias que pone la policía, eso sería gravísimo", replicó el vicealcalde, Manuel Cobo (PP).

Sabanés, Iglesias y Rodríguez participaron el pasado 20 de julio en una protesta vecinal que pretendía evitar la tala de 80 acacias -provocada por las obras de la M-30- en el paseo de la Virgen del Puerto (Arganzuela). La protesta derivó en enfrentamiento con la policía, y ésta, según aseguran vecinos y oposición, reaccionó con una "carga desproporcionada". Tras resultar heridos tres agentes y tres vecinos, el inspector jefe de la Policía Municipal, José Luis Morcillo, se personó en el lugar y pidió la documentación a los ediles, aunque no realizó ningún atestado. Días después presentó una denuncia por "desobediencia".

"Nosotros sólo fuimos allí a mediar entre los vecinos y los policías. Cumplimos nuestra función de concejales. Todo se habría resuelto si el gobierno municipal hubiera enviado alguien a negociar, pero no lo hizo, y eso convirtió un conflicto vecinal en un conflicto de orden público", reiteró ayer, esta vez ante el juez, Inés Sabanés, portavoz municipal de IU.

Tanto ella como los otros dos ediles denunciados desfilaron -durante cerca de 45 minutos cada uno- ante el titular del juzgado número 43, y respondieron a las preguntas de la fiscal y del letrado de dos de los agentes heridos. "Nos han preguntado por qué fuimos allí, si vimos cómo agredían a los policías, si hubo carga, qué hicimos nosotros... Ha sido un poco desagradable", explicó el socialista Óscar Iglesias, cuyas prolijas respuestas empujaron a la fiscal, según contó luego él mismo, a cortarle con un tajante "esto no es un pleno municipal, no se enrolle".

Los abogados de ambos partidos se mostraron confiados en que la denuncia "será archivada" y no llegará a haber juicio. "No hay nada que justifique la denuncia", aseveró Abraham Castro, letrado del grupo socialista.

Las direcciones del PSOE e IU en Madrid habían convocado a todos sus cargos públicos de la región -más de 600 concejales y diputados- y a todos sus cargos orgánicos -otros tantos- a acudir a la plaza de Castilla para "solidarizarse de forma activa" con Sabanés, Iglesias y Rodríguez. Finalmente, fueron unas 60 personas las que acompañaron entre aplausos a los ediles; la mayoría eran militantes de ambos partidos o miembros de las asociaciones vecinales que les han mostrado su apoyo.

Sí acudieron los máximos responsables del PSOE e IU en Madrid, Rafael Simancas y Fernando Marín, respectivamente. Simancas afirmó que "los concejales cumplieron su deber" defendiendo a los vecinos y "denunciando las obras faraónicas de la M-30". "Si alguien piensa que la oposición se va a sentir intimidada por este juicio político, está muy equivocado", afirmó, antes de pedir al alcalde que tenga "sentido común" y "retire esta denuncia". PSOE e IU sostienen que el inspector jefe Morcillo no puso la denuncia por iniciativa propia, sino empujado por el concejal de Seguridad, Pedro Calvo.

Marín cuestionó lo que sucedería si los cargos del PSOE e IU "no defendieran los intereses de los ciudadanos que les han votado". "Eso es lo que quiere Ruiz-Gallardón, callar la voz de los representantes del pueblo", dijo.

"Es su obligación"

A todas las acusaciones respondió, tras varios días de silencio, el vicealcalde, Manuel Cobo

. "Ni el alcalde ni Pedro Calvo ni nadie en el gobierno municipal ha promovido esta denuncia. Pero tampoco puede ordenar que se retire. Es obligación de la policía denunciar cuando cree que se ha cometido una infracción. ¿Se imaginan que el gobierno pudiera ordenar a la Policía Municipal que retirara las denuncias que pone? Eso sería gravísimo. ¿Está pidiendo eso la oposición?", preguntó.

El número dos de Ruiz-Gallardón recordó que el propio concejal de Seguridad, máximo responsable de la Policía Municipal, fue multado hace un año por conducir su moto sin carné y tenerlo, además, caducado. "Fue denunciado y pagó la multa. Y así debe ser con todo el mundo. Ni en este caso ni en ninguno vamos a ordenar, jamás, que se retire una denuncia policial. Los concejales de la oposición están instrumentalizando la justicia, pero no tienen más derechos que cualquier otro ciudadano", concluyó.