Vigilados por mil ojos

Ya las hay por todas partes, pero aún serán más. La videovigilancia se abre paso y cada vez son más las ciudades que plantean instalar cámaras en sus calles con el argumento de que contribuyen a proteger bienes públicos y a prevenir o combatir la delincuencia. A las cámaras que controlan el tráfico -565, nada menos, sólo en Valencia-, las de los bancos y cajeros automáticos, edificios públicos y el interior de empresas privadas, se unirá pronto un número indeterminado de ojos vigilantes que registrarán los movimientos de los ciudadanos en la calle, si prosperan los proyectos impulsados por al menos tres ayuntamientos valencianos. Los últimos incidentes relacionados con la venta de drogas en Crevillent han decidido al gobierno local, del PP, a anunciar esta semana la instalación de cámaras en la vía pública, una propuesta que han rechazado los vecinos. En Alicante se ha licitado un concurso de 343.650 euros por dos años para adjudicar cámaras -ya hay colocadas 33 que no están enchufadas en parques públicos- y contratar guardias de seguridad. Y en Valencia, el Consistorio prevé pedir ayudas europeas para emplear mil cámaras inteligentes en la seguridad ciudadana, especialmente en grandes eventos.

Alicante ya ha colocado 33 cámaras en parques pero no están conectadas

El asunto es delicado, social y legalmente, porque la promesa de mayor seguridad en las calles choca con la libertad y el derecho a la intimidad e imagen de los ciudadanos que serán grabados. La normativa estatal sobre videovigilancia establece los requisitos y autorizaciones necesarias para el uso de estos aparatos por parte de las fuerzas de seguridad, lo que no impide que cada propuesta reavive el debate sobre su conveniencia y límites. La legislación busca "la protección de la imagen, de la privacidad de las personas" y por ello prevé un uso "restrictivo" y "controlado" de la videovigilancia, explica el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez. La normativa exige que la autorización para cámaras móviles o fijas en las calles con fines de prevención de delitos, entre otros casos, la conceda la Delegación del Gobierno con el informe positivo de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, que encabeza en cada autonomía el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la que forman parte también representantes gubernamentales, el abogado del Estado y la Fiscalía. Se trata de que "las cámaras sólo se utilicen para lo que se pretende", es decir, de que la solicitud esté motivada y se fijen los mecanismos de control, custodia y destrucción posterior de las imágenes por parte de las fuerzas de seguridad, apuntan desde el TSJ valenciano.

Las instalaciones de Tráfico o de protección de edificios públicos no requieren un permiso expreso, basta con la comunicación a la Delegación del Gobierno. Caso distinto es el de la vigilancia más amplia de calles u otros espacios públicos abiertos, ya que al contrario que las cámaras de instituciones oficiales o los bancos, pueden captar imágenes más allá de un estricto perímetro de seguridad de esos inmuebles. El subdelegado del Gobierno en Valencia explica dos casos concretos: el anterior Ejecutivo del PP pidió y consiguió autorización de la comisión para usar cámaras en una manifestación antiglobalización en previsión de que se reprodujeran los actos vandálicos registrados en una protesta anterior en Madrid; en cambio, una urbanización de La Canyada está a la espera de una decisión de la secretaría de Estado para la Seguridad después de que la Delegación del Gobierno les vetara directamente la instalación de aparatos de control que grabarían a supuestos extraños y a todos los vecinos, sus salidas y entradas, etc. "Pueden ser disuasorias de la delincuencia, es verdad, pero una vez puestas también es cierto que todo el mundo sabe cómo evitarlas", reflexiona Luis Felipe Martínez. La delincuencia se reduce en zonas vigiladas, según la experiencia de otras ciudades, pero también puede desplazarse a otras áreas en las que no hay cámaras.

La Comisión de Garantías de la Videovigilancia ha tratado muy pocas peticiones en los últimos tres años, y sólo ha concedido dos autorizaciones: en la Devesa del Saler, con el fin de prevenir incendios, y una cámara en cada entrada del casco histórico de Morella, que pretenden evitar la destrucción de la instalación con la que se controla el acceso de vehículos, permitido sólo para residentes. Al margen quedan las solicitudes para edificios públicos, incluido algún polideportivo, de las tres provincias, de las que se han otorgado para diversos municipios.

Valencia no tiene de momento videovigilancia para cubrir calles enteras, pero sí ha recurrido a ella, por ejemplo, dentro de la dársena interior del puerto durante las diferentes prerregatas de la Copa del América. El Ayuntamiento, cuyo proyecto aún no se ha concretado y que parte de la oferta de cámaras inteligentes de una empresa privada, no ha expuesto ningún plan en esa línea en la junta municipal de seguridad, en la que está integrada la Delegación del Gobierno. El concejal de Policía Local, Miguel Domínguez, afirma que el plan aún está verde, pero que es una posibilidad de futuro a la que el Ayuntamiento no renunciará como forma de contribuir a la seguridad ciudadana. No comparten esta visión los partidos de la oposición. El portavoz socialista, Rafael Rubio, considera que "un sistema generalizado de cámaras en las calles va en contra de los derechos y libertades ciudadanas", y apuesta por una mayor presencia de policías, "que es lo que quiere la gente". La concejal de EU-L'Entesa, María Victoria González, no quiere cámaras en la calle "en ningún caso" porque a su juicio "sobre la seguridad debe primar la libertad de las personas". En cambio, el responsable de seguridad de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, José Antonio Barba, se muestra favorable al uso de cámaras para prevenir o esclarecer delitos. "Pero con un control severo", matiza Barbas. Es decir, "siempre que las imágenes se usen sólo ante un juez y no para otros fines". El dirigente vecinal añade que no deben servir sólo para aumentar la seguridad en grandes acontecimientos como la Copa del América o el encuentro católico de la familia en 2006, sino también para garantizar la seguridad de los escolares a las puertas de los centros docentes "o por las noches".

En Crevillent, el proceso de petición de los permisos correspondientes inicia ahora su andadura rodeado de tensión. El Ayuntamiento de Alicante, en cambio, tiene más avanzado su proyecto, ya que ha licitado un concurso que incluye la puesta en marcha de la videovigilancia en cuatro parques para frenar el vandalismo, y "en función de la necesidad" planteará extender el sistema. Fuentes municipales explican que las 33 cámaras que ya se han colocado en los parques de Monte Tossal, Lo Morant, Palmeral y Ereta no funcionan, entre otros motivos, porque la iniciativa se planteó "a largo plazo" y no están conectadas a una sala de control de la policía, lo que remediará el concurso.