Gobierno y Generalitat se cruzan reproches por la gestión de los ríos que debe asumir la autonomía

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, aseguró ayer que "el Gobierno garantiza el agua que la Comunidad Valenciana necesita, al tiempo que acata la sentencia del Tribunal Supremo que anula algunos artículos del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ)". Esa sentencia, firme desde junio, dejó en el aire buena parte del PHJ, incluidos los trasvases, al considerar que el Gobierno asumió la gestión de ríos que son competencia de la Generalitat. Moragues insistió en que la conducción Júcar-Vinalopó "sigue adelante", ya que la sentencia se refiere a las asignaciones de agua y no a las obras, y subrayó que el Gobierno "está cumpliendo a rajatabla la sentencia del Tribunal Supremo y ha instado a las comunidades afectadas [la valenciana y Castilla-La Mancha] a que asuman sus competencias en materia de agua, recogidas en sus respectivos estatutos de autonomía". La Junta castellano-manchega "ya ha respondido a la Administración central cuáles son sus planteamientos respecto a la gestión de sus cuencas", mientras que el Ministerio de Medio Ambiente "sigue a la espera de lo que decida la Generalitat" para ejecutar la sentencia. El Consell fue citado hasta en 11 ocasiones para defender el PHJ cuando fue recurrido en la Audiencia Nacional y no se presentó, recordó Moragues.

El consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, replicó que la "irresponsable" política hídrica del Gobierno, en su opinión, "está provocando situaciones de intranquilidad y de inseguridad como nunca antes había sucedido". García Antón recordó que la Generalitat "ya manifestó al ministerio que quiere resolver la situación con una demarcación única de la Confederación Hidrográfica del Júcar [como la actual] y ejercer sus competencias en las cuencas internas", una potestad del Estatut d'Autonomia que no ha aplicado.