La dirección federal del PSOE acoge con cautela la propuesta andaluza sobre el Estatuto
Perales recuerda el informe contrario de los expertos a la utilización del artículo 150.2
La dirección federal del PSOE acogió ayer con cautela la propuesta elaborada por los socialistas andaluces sobre las competencias de la comunidad que deben figurar en la reforma del Estatuto. La iniciativa pide cuatro competencias exclusivas del Estado mediante el artículo 150.2 de la Constitución, que permite la delegación o transferencia de materias estatales: puertos y aeropuertos de interés general, servicio meteorológico, Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir y museos, archivos y bibliotecas. Esta vía ha sido desaconsejada por los expertos consultados por la ejecutiva federal para el proyecto catalán.
El secretario federal de Política Autonómica, el gaditano Alfonso Perales, se pronunció ayer con prudencia sobre la iniciativa elaborada por la federación socialista andaluza sobre el título competencial del Estatuto: "Es una propuesta inicial y una vez que se debata y apruebe en la ponencia habrá que discutirla".
Perales sostuvo que no le cabe duda alguna de que la proposición de ley de reforma del Estatuto andaluz "se hará de acuerdo con la Constitución" y que, por lo tanto, "no tendrá ninguna dificultad" en la tramitación posterior en el Congreso.
No obstante, este dirigente no quiso pronunciarse expresamente sobre la utilización del artículo 150.2 de la Constitución para que la Junta tenga competencias exclusivas del Estado. Al respecto, Perales recordó las posiciones divergentes de los juristas y subrayó la conclusión que figura en el dictamen legal asumido por el PSOE respecto al proyecto de Estatuto catalán, en el que los expertos expresan "dudas sobre su constitucionalidad". "Eso no quiere decir que vayamos a decir lo mismo", puntualizó. "Todo habrá que verlo y estudiarlo".
La propuesta inicial del PSOE para obtener las competencias (la vía 150.2) ha sido abandonada por el PSOE andaluz, aunque esperan obtenerlas por otros medios legales.
Las cuatro competencias exclusivas reclamadas por el PSOE son las siguientes:
- Puertos y aeropuertos de interés general. Un total de siete puertos tienen esa calificación: Almería, Motril, Málaga, Algeciras, Bahía de Cádiz, Sevilla y Huelva. En la actualidad, la Junta de Andalucía nombra a los presidentes de cada autoridad portuaria, cuyos consejos están integrados en su mayoría por representantes de la comunidad. Sin embargo, la planificación y los planes de infraestructura de los complejos náuticos los decide el Estado. Cualquier modificación de los mismos requiere informe favorable de la Administración estatal. Estos puertos no responden a ninguna coordinación autonómica y a veces se hacen la competencia entre ellos. "Esa situación no se puede evitar, porque el sistema no lo permite", afirma una fuente del Gobierno. El objetivo de los socialistas es que funcionen en red y diseñar un política general portuaria.
El mismo criterio fijan para los seis aeropuertos andaluces (Málaga, Sevilla, Granada, Almería, Jerez y Córdoba). Esta competencia incide en sectores estratégicos andaluces como el turismo. "Para nosotros es importantísimo crear una red aeroportuaria y que se repartan las compañías de bajo coste", asegura la citada fuente. Según afirma, durante la etapa de Gobierno del Partido Popular "se cortaron" todos los destinos desde Andalucía con el norte de España, por lo que se obliga a los pasajeros a pasar por Barajas. "La centralidad con Madrid nos machaca", asegura esta fuente, que añade: "Necesitamos una red andaluza con capacidad de movilidad con el norte de España, Europa y el norte de África con vuelos director a bajo coste".
- Servicio Meteorológico. A la hora de pedir esta materia estatal, los socialistas esgrimen que la comunidad tiene competencias exclusivas en agricultura. "En vez de crear un servicio propio, parece razonable que se transfiera a la comunidad los medios del sistema nacional".
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
. Durante años se ha hablado sobre la posibilidad de traspasar esta cuenca a Andalucía. El problema es que la Constitución reserva para el Estado las cuencas que transcurren por más de una comunidad autónoma, como es el caso del Guadalquivir, que pasa, de forma mínima, por Castilla-La Mancha y Murcia. El Guadalquivir transcurre en más de un 90% por territorio de Andalucía, pero la cuenca (incluidos sus afluentes) también se extiende por Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente señalaron ayer que el 99% del uso del agua del Guadalquivir se produce en Andalucía. La negociación del traspaso de las cuencas hidrográficas suele ser muy compleja, según estas fuentes. Desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno, Andalucía ha recibido el traspaso de la Confederación Hidrográfica del Sur y de las cuencas del Guadalete-Barbate y del Tinto-Odiel-Chanzas. La coordinación entre ambas administraciones ha mejorado con la llegada del PSOE al Gobierno y, de hecho, Juan Corominas, director de la Agencia Andaluza del Agua, es vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.- Museos, archivos y bibliotecas.
La Junta tiene cedida la gestión (gastos de personal y gasto corriente) de 17 museos de titularidad estatal, que se reparten entre las ocho provincias. En la mayoría de los casos se trata de los antiguos museos provinciales (arqueológico o de bellas artes). La Consejería de Cultura está trabajando en la asunción completa de la competencia sobre estos museos. "Es lo que más nos interesa", afirmaron ayer fuentes de esta departamento. En estos momentos, es la Administración central la que decide las inversiones, obras de arte, reformas o ampliaciones de los museos, cuestiones que asumirá la Junta cuando reciba la competencia íntegra sobre esta materia. La actual ministra de Cultura, Carmen Calvo, reclamó en su etapa como consejera del Gobierno andaluz la titularidad de los museos estatales que están en la comunidad. Fuentes de la Consejería de Cultura señalaron que no está previsto el traspaso del Archivo de Indias, aunque el PSOE quiere que esta institución también sea transferida a Andalucía.
En la propuesta de competencias elaborada por el PSOE para la reforma del Estatuto no figura la de tráfico y seguridad vial, que sí venía apuntada en el primer documento presentado por los socialistas en Carmona (Sevilla). Fuentes del PSOE indicaron que no descartan incluir esta materia en la iniciativa que presenten finalmente en la ponencia parlamentaria de reforma.
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