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El PSPV dice que con la política urbanística de Blasco habrá 5 millones de casas más en 10 años

Los socialistas exigen al presidente Francisco Camps que ponga límites al uso del territorio

Cristina Vázquez

Los socialistas hicieron ayer una proyección, a partir de datos del Colegio de Arquitectos, de lo que supondrá para el territorio valenciano la política urbanística del Consell y más concretamente de su consejero Rafael Blasco. De cumplirse las previsiones, la Comunidad Valenciana contará con cerca de cinco millones de nuevas viviendas en una década y el cuádruple de la población actual, es decir unos 15 millones de habitantes. "¿Cuál es el límite de Blasco para el uso del territorio valenciano?", planteó el socialista Francesc Signes.

Los socialistas no están dispuestos a dejar morir el debate político en torno al modelo urbanístico "depredador" del Consell de Francisco Camps, pese a los vaticinios de cisma interno -entre la dirección del PSPV y algunos de sus ayuntamientos- que les llegan del PP y del departamento de Territorio. "¿Cuál es el límite de Blasco para el uso del territorio, del agua, de los recursos, que no son infinitos y que se acabarán?", planteó Francesc Signes, secretario de Medio Ambiente del PSPV. El dirigente insistió en que la situación que atraviesa la Comunidad Valenciana es "en la forma y en el fondo, alarmante" y recordó que de desarrollarse todos los proyectos urbanísticos -urbanizaciones y campos de golf- anunciados en estos años de gobierno del PP la Comunidad contará en una década con cinco millones de nuevas viviendas, lo que supondría de facto cuadriplicar la población actual en poco más de 10 años. "No hay meta ni modelo y las leyes no están diseñadas para abordar esta situación", agregó. Según el responsable de Medio Ambiente socialista, todo estos sucede cuando en otros lugares están previstos crecimientos de población similares pero para todo un siglo.

Signes lamentó que en estos tres años de gobierno de Camps, éste no haya definido "hacia dónde vamos" e insistió en que el proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV) nace "desnortado", sin que previamente se hayan elaborado planes de acción territorial: "Es como empezar una casa por el tejado", dijo.

El dirigente, alcalde de L'Alcúdia, apuntó que la fórmula alternativa propuesta por el PSPV para frenar este uso acelerado del territorio (un máximo de 20 viviendas por cada 1.000 habitantes/año) se puede discutir se aplica a nivel autonómico o municipio a municipio. "Con nuestra enmienda a la totalidad pretendemos abrir e intensificar un debate antes de que se apruebe la LUV", apostilló Signes.

El secretario de Medio Ambiente rechazó de plano que los socialistas, que elaboraron y aprobaron la LRAU ahora en vigor y contra la que se han manifestado miles de afectados, sean los responsables del desaguisado. "La LRAU es una buena ley mal aplicada, sin desarrollo reglamentario", reiteró Signes. Éste negó también que durante los anteriores gobiernos socialistas se permitiera una proliferación de PAI. En este sentido, recordó que la ley del suelo no urbanizable, aprobada por los socialistas en 1992 sólo autorizaba los proyectos urbanísticos que incluyeran un 20% de suelo clasificado dentro de los planes generales de ordenación urbana. "En estos momentos hay PAI que duplican la superficie de todo el municipio [del suelo ocupado]", agregó el político, quien destacó que estos límites han desaparecido de la legislación valenciana porque el consejero Rafael Blasco ha eliminado esos límites.

La Consejería de Territorio y Vivienda, mientras tanto, siguió ayer explicando los contenidos de su proyecto de ley, al que se han presentado unas 800 enmiendas. Este departamento destacó, entre otras, la carencia de ventajas de los promotores de un PAI en el momento de su adjudicación, o la decisión de la consejería de elaborar un modelo tipo de bases particulares para la concesión de un PAI, otro de anuncio de concurso y otro para el desarrollo y ejecución de los programas y del pliego de cláusulas particulares. "La selección y adjudicación de los PAI se realizará mediante concurso público", reseñó Territorio.

Once alcaldes socialistas niegan "grietas" en el partido

El secretario de Administración Local del PSPV, Antoni Such, distribuyó ayer una carta abierta al consejero Blasco y suscrita por los alcaldes socialistas de 11 municipios valencianos un día después de que la Consejería de Territorio manifestasen en una nota pública que alcaldes socialistas de varias poblaciones mostraban sus reservas al texto alternativo a la LUV elaborada por el PSPV a la vez que vaticinaban un cisma interno. El documento lo firmaron los primeros ediles de Almenara, Algimia de Alfara, Alfauir, Estivella, Nules, Elda, Finestrat, Sant Joan, Rojales, Moncofa y El Puig.

En la carta abierta repartida ayer, los alcaldes recuerdan a Blasco que sus ayuntamientos no desarrollan ninguna actuación urbanística que no haya sido aprobada antes por la Generalitat y pide al consejero que se disculpe "porque si la Consejería de Territorio acusa a nuestros ayuntamientos de cualquier abuso urbanístico, tendrá que actuar contra sus propios actos administrativos, porque estamos desarrollando exactamente aquello que se nos ha aprobado, ajustado a la ley y al derecho por el que nos regimos todos".

El texto prosigue conminando a Blasco a buscarse "otra coartada mejor para meter cuña entre los alcaldes socialistas y nuestro secretario general [Joan Ignasi Pla] e insisten, los ediles, que su postura urbanística "es la del PSPV-PSOE que dirige Joan Ignasi Pla". Por último, éstos recuerdan cómo Blasco abandonó "por la puerta de atrás" la organización -Blasco fue destituido a finales de los 80 como consejero socialista de Obras Públicas por el entonces presidente Joan Lerma tras la denuncia de una funcionaria de este departamento sobre presuntos sobornos; en 1991, Blasco y otros cinco funcionarios fueron absueltos tras la inadmisión de unas pruebas por el TSJ-.

Such, en la misma línea que abrió Pla en el pasado debate de política general, recriminó al Consell su sectarismo con los ayuntamientos socialistas en materia urbanística. De 2000 a 2004, los ayuntamientos gobernados por el PP tenían aprobados el 58% de sus planeamientos urbanísticos fundamentales, mientras que los municipios gobernados por socialistas sólo habían recibido el visto bueno de la Generalitat al 34% de estos planes. "Cuando hablamos de sectarismo lo hacemos con conocimiento de causa", agregó Such. Éste calificó de "indigno" que Territorio utilice la información privilegiada con el ánimo de poner en evidencia al principal partido de la oposición. "Más le valdría [al PP] mirar a Elda y Orihuela y reflexionar si están haciendo lo correcto", apostilló Such. "No le tenemos ningún miedo y sus actuaciones lo van a dejar en evidencia", dijo en alusión a Blasco.

La reacción de Territorio no se hizo esperar y poco después envió otra nota de prensa en la que el director general de Planificación y Ordenación Territorial, Pedro Grimalt, insistió en que "los alcaldes van por un lado y Pla y Burriel [responsable de Territorio del PSPV] por otro". Grimalt proponía en este mismo comunicado a los socialistas "una moratoria" hasta que "aclaren sus posturas" e insistía en que Nules ya había anunciado que quería aumentar la edificabilidad en el PAI del Golf, mientras que Elda, gobernada en minoría por el socialista Juan Pasqual Azorín, "se ha opuesto", añadió Grimalt, "a las directrices de Pla".

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Sobre la firma

Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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