Nueva Orleans se limpia en español

"¿Nuevo Orleans?", titulaba esta semana en primera página el diario The Times-Picayune. Más allá del error gramatical, el periódico de Nueva Orleans traducía -mal- al español el nombre de la ciudad devastada por el Katrina en un guiño con el que se cuestionaba por qué el peso de la reconstrucción lo están llevando a cabo trabajadores hispanos. Incluso el alcalde, Ray Nagin, ha mostrado su preocupación ante un posible cambio en el equilibrio demográfico de la ciudad a favor de los latinos. A principios de mes, el alcalde fue citado ampliamente en los medios de comunicación al decir: "¿Cómo aseguramos que Nueva Orleans no va a ser invadida por trabajadores mexicanos?". Más tarde se distanció de sus propias palabras y apostilló que su comentario se refería a su legítima preocupación porque las compañías de Luisiana obtuvieran los contratos para la reconstrucción de la ciudad.

Cada día a las cinco y media de la mañana, los mexicanos Porfirio, José y Manuel esperan en los aparcamientos de Airline Drive, a las afueras de Nueva Orleans, a que lleguen los capataces de las subcontratas que tienen concesiones para la reconstrucción y les den trabajo en cualquier punto de la ciudad arrasada. Llegaron desde San Antonio (Tejas) hace cinco semanas y ninguno aporta más información que su nombre de pila. No tienen apellido porque no tienen papeles, son espaldas mojadas que hace ya más de cuatro años cruzaron el río Grande para abandonar la pobreza de México y entrar a buscar "el sueño americano" de forma ilegal. No acaban de fiarse y no les gusta hablar. Tienen miedo de no cobrar su salario si el boss -el jefe- les ve hablando con un periodista. El boss es estadounidense y está empleando a trabajadores sin papeles para llevar a cabo un trabajo pagado con el dinero de la Administración. "Somos ilegales", admite Manuel. "Nos quieren correr de aquí pero al final somos nosotros los que hacemos el trabajo sucio". Datos oficiales elevan a un 80% el porcentaje de hispanos que trabajan sin documentos legales.

"La paga es buena, muy buena", justifica Porfirio, el más mayor de los tres mexicanos, a pesar de que también se escabulle para no aportar su edad. "En una semana podemos hacer mil dólares, y eso es mucho dinero", prosigue. Trabajan 15 horas al día siete días a la semana si así lo desean. Sólo dejan de retirar escombros, recoger neveras infectadas de comida putrefacta o levantar muros nuevos cuando ya no pueden más. Y hasta ahora no se ha dado el caso. Dejaron de tener trabajo tres días seguidos, cuando el jefe que los 'contrata' temió una inspección. Cobran diez dólares por hora y aseguran que sus compañeros "con papeles" llegan a recibir hasta 18 por el mismo trabajo. "En San Antonio recibíamos el salario mínimo -5,15 dólares que dictan las leyes federales- , así que aquí estamos doblando la paga", corroboran satisfechos los tres mexicanos. Bajo la norma federal conocida como Stafford Act, los trabajadores locales deben tener un trato preferencial respecto a los contratos. Pero existe una fisura en esa ley reflejada en la siguiente frase: "Siempre que sea factible y practicable". Sentencia que encaja perfectamente con la situación existente en Luisiana, ya que la fuerza de trabajo local tuvo que huir ante la llegada del Katrina. El vacío dejado por los ciudadanos de Nueva Orleans lo han ocupado los hispanos, con o sin papeles.

Según informaba el diario The Times-Picayune, "sigue siendo un misterio cuántos millones invertidos en la limpieza y la reconstrucción de hogares han revertido en compañías de Luisiana". En una conferencia de prensa a principios de octubre, la gobernadora del Estado, Kathleen Blanco, decía: "El 44% de los contratos y subcontratos federales se ha adjudicado a compañías de Luisiana". "Considero que si existe un obrero o un hombre de negocios capacitado para hacer el trabajo y que sea del Estado debería de obtener el empleo antes que ningún otro".

FEMA (la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, en sus siglas en inglés) no aporta datos sobre quién recaen los contratos. Los propios contratistas se muestran exasperados al sentir que entran en un mar de burocracia cuando recurren a la FEMA. "Hay demasiado papeleo", reconoce el encargado de una empresa de desinfección que prefiere mantener el anonimato. "Los ilegales no preguntan, no firman contratos". No dan problemas.