Unos 1.500 vecinos de Crevillent crean una plataforma para exigir más seguridad ciudadana

La masiva respuesta de los vecinos de Crevillent (Vinalopó Mitjà) anoche a la convocatoria de varios colectivos para abordar soluciones a la inseguridad da la medida al hartazgo de los ciudadanos de este municipio, en el que comienzan a percibirse problemas de convivencia, especialmente entre la población autóctona y la nutrida colonia magrebí. Los vecinos constituyeron una plataforma para buscar soluciones a la inseguridad y rechazaron la propuesta del alcalde, el popular César Augusto Asencio, de instalar cámaras de vigilancia en algunas de las calles más conflictivas del municipio.

Los vecinos exigen un mayor control de la residencia de inmigrantes sin papeles

Más de 1.500 vecinos de Crevillent acudieron anoche a la convocatoria de cuatro colectivos (Asociación de Comerciantes de Crevillent, la Asociación Vecinos del Pont, Penyeta Reona y Asociación de Vecinos del Barrio Sur) dispuestos a exigir soluciones al problema de delincuencia que, según la mayoría de ellos, está asociado a la inmigración magrebí.

La Casa de Cultura de Crevillent se quedó pequeña para acoger a tantos crevillentinos que quisieron sumarse a una plataforma constituida anoche para "conseguir un municipio seguro". No se registraron incidentes. Los organizadores realizaron varios llamamientos a la serenidad. Efectivos de la Guardia Civil se situaron a las entradas y salidas de la localidad y agentes de la policía local cortaron el acceso de vehículos a las inmediaciones de la Casa de Cultura.

Las Fuerzas de Seguridad desplegaron un gran dispositivo en previsión de incidentes, después de que el pasado 16 de octubre cientos de vecinos se concentraran espontáneamente en la puerta de la casa del alcalde para exigirle más seguridad. Los ánimos están caldeados en la población, aunque anoche las reiteradas llamadas a la calma hicieron mella en los ciudadanos.

La Plataforma vecinal va a arrancar su actividades recogiendo firmas para exigir que se cumplan las promesas que en los últimos años han lanzado la Subdelegación del Gobierno, la Alcaldía y la Generalitat. Los vecinos exigen, entre otras medidas, un mayor control de la residencia de inmigrantes sin los papeles en regla y de las personas censadas en un mismo domicilio. Piden que se controle y erradique la venta de drogas al menudeo, y se solicita la colaboración de los vecinos para que denuncien formalmente cualquier hecho delictivo que conozcan. En la reunión se mostraron pancartas en las que se leía "Drogas no, seguridad sí".

José Manuel Alfons, presidente de los comerciantes, manifestó. "No estamos desorganizados, ni somos cuatro gatos". Alfons aseguró que van a hacer un seguimiento de las promesas que se han hecho desde todas las administraciones. "El pueblo ha hablado y deben escucharnos".

Durante la asamblea se abrió un turno de intervenciones ciudadanas, con profusa participación. Algunos vecinos incluyeron alusiones al alcalde con frases como "Pago mis impuestos y quiero tener la misma seguridad que ellos". Se comentó la propuesta de instalar cámaras de seguridad en las calles que lanzó el alcalde y hubo varias opiniones en contra de esta medida por considerarla "inútil y cara".

Asencio considera que la situación de inseguridad del municipio justifica la instalación de cámaras de vídeo, aunque ello acarree restricciones en la intimidad de las personas que sean grabadas. El gobierno municipal está estudiando presupuestos para la colocación de estas cámaras, cuyo coste fue calculado hace dos años en 12.000 euros. Asencio aseguró que los dispositivos podrían instalarse en las calles más conflictivas del municipio, como San Juan, Castellón y el tramo central de la avenida de San Vicente Ferrer, aunque no descarta extenderlos a otros emplazamientos. No obstante, condicionó la instalación a la opinión de los vecinos.