Segunda pena de prisión contra Julián Muñoz por delito urbanístico

El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha condenado a un año de prisión y ocho de inhabilitación para cargo público al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y a seis concejales de la corporación de Jesús Gil en 1999, por un delito contra la ordenación del territorio. Es la segunda pena de prisión contra Muñoz, que está pendiente de que se resuelva el recurso sobre la primera. De ser firmes ambas sentencias, el ex regidor tendría que ingresar en la cárcel.

En la resolución, se considera probado que la comisión de gobierno del 29 de enero de 1999, presidida por Muñoz como alcalde accidental concedió licencia a una empresa para construir en una parcela catalogada como suelo rústico de control según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968. En dicha comisión, formada por ediles del GIL (Grupo Independiente Liberal) participaron Rafael González, en el actual equipo de gobierno, María Luisa Alcalá, en uno de los grupos mixtos de la oposición, y Juan Antonio Yagüe, hermano de la alcaldesa, Marisol. Los otros condenados son Mario Jiménez, Manuel Calle y Dolores Zurdo.

Según la sentencia, la comisión otorgó licencia al proyecto básico para construir 150 viviendas, garajes y locales presentado por Promoción de Edificaciones Industriales, "sobre la base de la adecuación del proyecto a las determinaciones del documento de revisión del planeamiento municipal que el equipo de gobierno estaba llevando a cabo, y que sin embargo no se encontraba vigente". El juez considera que la licencia se dio a sabiendas de que la revisión de 1998 no estaba vigente. De hecho, fue aprobada por el pleno municipal en una polémica sesión nocturna después de que la Junta de Andalucía suspendiera su entrada en vigor.

Plan de 1968

La resolución, de 29 páginas, introduce una novedad, y es considerar aplicable el plan de 1968, frente a la corriente general que utiliza el de 1986, que para este juez no adquiere vigencia hasta su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia en 2000. Así, la propia Junta de Andalucía considera que el PGOU de aplicación es el de 1986~, y la sentencia de marzo de este año que condena a Muñoz y a los seis ediles a seis meses de prisión y ocho años de inhabilitación se basa en dicho plan.

El abogado de Muñoz, José María del Nido, confirmó que aún están pendientes de que se resuelva la apelación de esta sentencia, cuya vista se celebró el pasado día 4 ante la Audiencia Provincial de Málaga. Además, anunció que recurrirán la nueva condena. De ser firmes ambas resoluciones, el ex regidor tendría que ingresar prisión, pues la suspensión de condena para penas inferiores a dos años sólo se aplica cuando no hay antecedentes delictivos. Actualmente, hay más de 40 procesos pendientes contra las corporaciones del GIL por delitos urbanísticos.

Muñoz tuvo que dimitir como concejal el 16 de junio de 2004, tras ser condenado a dos años de inhabilitación por otro juzgado de Málaga por un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos, al negar a la oposición un informe.