Catarroja pretende urbanizar su última bolsa de suelo agrícola con un plan que apoya el IVVSA

Catarroja proyecta urbanizar su última gran bolsa de suelo agrícola, una parcela de 1.700.000 metros cuadrados. El plan urbanístico, presentado por una sociedad mixta formada por la constructora Llanera y el Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA), contempla la construcción de 12.000 viviendas, la mitad de ellas de VPO. Catarroja tiene actualmente 25.000 habitantes. De aprobarse el plan, la población se triplicaría. El proyecto, llamado Nou Mil.lenni, ha sido impulsado por el Partido Popular, que tiene mayoría en el consistorio.

"Nuestra intención", afirma Manuel Xirivella, concejal de urbanismo y ex alcalde de Catarroja, "es ampliar el Plan General. Es una actuación muy ambiciosa que aún tardará dos o tres años en aprobarse y unos 20 en desarrollarse del todo. Se construiría con arreglo a la demanda existente. De momento, hay unas 300 peticiones de viviendas en el Ayuntamiento, lo que significa que ha tenido una gran aceptación".

La oposición al proyecto, encabezada por el grupo socialista, Esquerra Unida L'Entesa y el Bloc, anuncia, mientras tanto, la inminente aprobación del plan. "Las elecciones municipales", sostiene Rosa Pérez, portavoz de EU, "son dentro de año y medio. Al PP le corre prisa sacar adelante el proyecto, antes incluso de modificar el plan general. Sin embargo, choca con el rechazo social que provoca entre los vecinos".

La especulación del terreno ha disparado el precio del suelo. Actualmente se están pagando entre 150.000 euros (25 millones de pesetas) y 180.000 (30 millones) por hanegada (832 metros cuadrados) cuando hay propietarios que vendieron hace meses a 24.000 euros. Este incremento ha puesto en alerta a los detractores del PAI (Programa de Actuación Integral). "Con el precio que ha alcanzado el suelo, ¿qué pasará con la vivienda protegida?", se pregunta una fuente de EU: "A este paso, los pisos costarán un potosí y se eliminará la VPO. ¿A quién quieren engañar?"

Cuatro torres de 25 alturas

El proyecto elaborado por Llanera y el IVVSA contempla la construcción de cuatro torres de 25 alturas, 60 de entre diez y doce alturas, una urbanización de adosados y un centro comercial. Según los promotores, se destinarán 450.000 metros a zonas ajardinadas y huerta. "Se va a crear una gran bolsa verde, no reñida con el urbanismo", aseguró en la presentación del plan Fernando Gallego, consejero delegado del Grupo Llanera, una de las constructoras más activas de la provincia.

Para Wilson Ferrús, portavoz del PSPV, los planes de los dirigentes populares de Catarroja están "estancados". "Todavía no se han abierto las plicas, y esto es significativo. Tenían mucha prisa, parecía que lo iban a aprobar en agosto y, de momento, está paralizado". Para el PSPV, el Nou Mil.lenni es "ilegal". "Si lo aprueban", advierte Ferrús, "será nulo de pleno derecho. Antes deben revisar el plan general. Si no es así, les llevaremos a los tribunales. Las deficiencias son múltiples: no aplican la ley patrimonio, ningún estudio de interés histórico sobre las cinco alquerías afectadas por el PAI... Es una salvajada urbanística. Es más: los intereses especulativos son la causa fundamental de la ruptura del pacto de gobierno" [el pasado enero, la alcaldesa de Catarroja, María Ángeles López, de Unión Valenciana, destituyó de sus cargos a sus socios de gobierno del PSPV, EU y el Bloc para entregárselos al PP].

Salvem Catarroja

Juan Carlos Royo, portavoz de la Plataforma Salvem Catarroja, nacida a raíz de la presentación del Nou Mil.lenni, abunda en los argumentos de la corriente contraria al PAI: "Este es un proyecto que no nace del pueblo. Ni lo pedimos ni lo necesitamos. Actualmente hay parcelas en Catarroja en las que se está construyendo. Todavía se harán 3.000 o 4.000 viviendas. Si a éstas sumamos las 12.000 del Nou Mil.lenni Catarroja llegará a los 60.000 habitantes. Entendemos que el pueblo crezca, pero crecer no es sinónimo de progreso, como quiere hacer ver el PP. Hacen falta ahora mismo otros servicios como para construir una ciudad totalmente nueva. En caso de llevarse a cabo, la situación, los accesos, por ejemplo, serán caóticos. Y todo esto a costa de perder zonas verdes y huerta". La Plataforma ha recogido 2.000 firmas contra el plan.

Piedad García Martínez es propietaria de una de las cinco alquerías que se ven afectadas por el proyecto. "A mí me ha llegado a preguntar Xirivella [concejal de urbanismo] que cuánto dinero quería por mi casa. Le dije que yo me movía por sentimientos y no por dinero, como él", afirma.