Un operador menos público

Hace sólo tres años, el Estado era propietario del 55,5% de France Télécom. Hoy posee el 33,1% de la sociedad de telecomunicaciones, por debajo del 33,33% que, oficialmente, constituye la minoría de bloqueo. Según el director financiero de la empresa, Michel Combes, "en la práctica el porcentaje en manos del Estado sigue siendo suficiente para bloquear cualquier decisión contraria a los intereses estratégicos y económicos de Francia".

Si el Gobierno de París ha renunciado a participar en la ampliación de capital de la operadora es porque está endeudado hasta las cejas

Si France Télécom se desestataliza se debe a la necesidad de efectivo, de dinero líquido, para hacer frente al pago de los 6.400 millones de euros que hay que abonar para materializar la adquisición del operador de telefonía móvil español Amena.

La compra hay que situarla dentro de una estrategia de France Télécom compartida por otros operadores y que consiste en ser capaz, en todos los países en que se ha implantado, de ofrecer conjuntamente servicios de telefonía fija, móvil e Internet, tal y como hace en Polonia, Gran Bretaña y, obviamente, en Francia. Además, la compra corresponde también a una nueva fase de expansión una vez pasada la crisis ligada a la explosión de la burbuja Internet, nueva fase que EE UU conoce desde 2004 y que en Europa, a lo largo de 2005, ha empujado al alemán Deutsche Telekom ha hacerse con el austriaco Telering por un montante de 1.600 millones, al británico Vodafone a adquirir las partes minoritarias de sus filiales en Rumania y República Checa, a la española Telefónica a quedarse con el checo Cesky Telekom, a un desembolso de 1.200 millones por parte del holandés KPN a la hora de volver a controlar el mercado nacional amparándose de Telfort. Y si miramos de nuevo a Francia, nos encontramos con que Neuf Télécom y Cegetel se han fusionado.

La pérdida de peso de los contratos de telefonía fija y la irrupción de las comunicaciones a través del ordenador hacen que haya sectores de actividad en los que el margen de crecimiento sólo se halla en la adquisición de las partes de mercado que controlan los rivales, y de ahí la nueva oleada de adquisiciones y fusiones.

Para France Télécom, la reciente ampliación de capital ha significado, pues, que el Estado perdiese un 1,8% de su propiedad en el gigante telefónico, lo que equivale a unos 3.000 millones de euros. Si el Gobierno ha renunciado a participar en la operación es porque está endeudado hasta las cejas, incapaz de cumplir con los requisitos de seguridad económica que él mismo se autoimpuso a través de Bruselas y con un déficit público que comienza a acercarse peligrosamente al 70%.

Ese mismo Estado, para poder mantener su tren de vida, acaba de emprender una operación de privatización de su red de autopistas, acosado también por urgencias de liquidez.

Otro aspecto a tomar en consideración es el hecho de que France Télécom es una sociedad que pertenece a esos sectores considerados "estratégicos" y que no se desea que pasen a manos extranjeras. El Ejecutivo, que está preparando una transposición de la directiva europea sobre las OPA a la legislación francesa para poder proteger determinadas sociedades del apetito de gigantes alemanes, asiáticos o anglosajones, estima también que hay dominios en que la actividad tiene que ver "con el orden público, la seguridad nacional y los intereses de la política de defensa".

"Patriotismo económico"

Las telecomunicaciones quedan incluidas en ese paquete. Y Francia, que en 2000 no puso el menor reparo a que los fondos de pensión americanos se apoderasen de Gemplus, ha descubierto luego con estupor que esa empresa, líder mundial de la fabricación de tarjetas con chip incorporado, ahora tenía como principal administrador un personaje estrechamente vinculado a la CIA.

Para evitar sorpresas semejantes es por lo que se intenta modificar la ley y también lo que justifica que el primer ministro, Dominique de Villepin, haya teorizado sobre la necesidad de un renovado "patriotismo económico". Al mismo tiempo, facilitando el repartir dividendos libres de impuestos y transformados en acciones entre los trabajadores de las empresas, Villepin busca reforzar el núcleo duro accionarial de las empresas francesas y dar pie a la eclosión de unos fondos de inversiones franceses capaces de ayudar a la política económica del Gobierno.