Los socialistas exigen a Blasco que ordene derribar todo el exceso del Atrium

El PSPV exigió ayer el derribo de todo el exceso de edificabilidad del hotel Atrium Beach de La Vila Joiosa, 53.000 metros cuadrados de techo, porque la demolición de sólo 14.470,44 metros que ha ordenado el Consell es "una operación de maquillaje urbanístico", para dar una "mala salida a la voluntad de Ayuntamiento del PP de obtener compensaciones a cambio de ilegalidad". El consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, replicó que el Consell ha aplicado la sanción máxima prevista por la ley, la mayor multa urbanística impuesta nunca en España.

El secretario de Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes, afirmó ayer que la decisión del Consell de ordenar al Ayuntamiento de La Vila Joiosa (Marina Baixa) la demolición de 14.470,44 metros cuadrados del hotel Atrium Beach e imponer una sanción económica de 12 millones de euros a la promotora es el resultado de una "elaborada operación de maquillaje urbanístico, para dar una mala salida a la voluntad de Ayuntamiento del PP de obtener compensaciones a cambio de ilegalidad".

Para Signes, esta decisión del consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, "es un claro ejemplo de tolerancia a la carta". En declaraciones a Europa Press criticó que el plan de reforma interior y de mejora pactado entre el Ayuntamiento de La Vila y el promotor demuestra "la voluntad del PP de dar una salida al propietario del Atrium para no demoler el exceso de 53.000 metros cuadrados de volumetría".

Para el responsable del PSPV, traspasar edificabilidad al hotel desde las tres parcelas cedidas por el promotor al Ayuntamiento, para compensar la volumetría ilegal, no deja de ser un acto de compra de actuaciones ilegales que "Blasco, si de verdad actuara como dice, con tolerancia cero, debería de haber impedido". Explicó que aumentar en 6.000 metros cuadrados la obra a derribar, cuando el exceso es de 53.000 metros cuadrados, es un mal arreglo que establece peligrosos antecedentes para todo tipo de infracciones urbanísticas que se cometan en el territorio valenciano. Francesc Signes recordó que cuando Blasco era consejero de Obras Públicas en el Gobierno de Joan Lerma también derribó la estructura de un hotel en la falda del Peñón de Ifach. "Poco después pretendió modificar la calificación urbanística de las salinas de Calpe, a solamente 500 metros del Peñón, motivo que provocó su destitución por el presidente Lerma". "Espero que ahora no tenga a la vista una actuación semejante", comentó.

Blasco, en un comunicado, afirmó ayer que el Consell ha aplicado la sanción máxima prevista por la ley, la mayor sanción urbanística impuesta nunca en España. "Nadie puede discutir la decisión del Consell porque ningún Gobierno autonómico había adoptado hasta ahora una sanción tan drástica, aplicando el tope legal en un caso de indisciplina urbanística". Según Blasco, con su propuesta de sanción se restaura definitivamente la legalidad urbanística y se ratifica en todos sus términos el acuerdo del Gobierno valenciano del pasado mayo, en el que se imponía la sanción económica a la promotora del Atrium por superar la altura y edificabilidad permitida en el PGOU de La Vila Joiosa.

La decisión, según Blasco, respeta los plazos y la garantía del procedimiento y acata "al máximo" la autonomía municipal. Recordó que la orden de demolición cuenta con el respaldo unánime de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, donde dijo que "la representación es plural y eminentemente técnica". El consejero anunció que los ingresos obtenidos con la multa se destinarán a fines de interés público, como la construcción de vivienda protegida o proyectos ambientales, tal como establece la legislación valenciana.

El alcalde de La Vila, José Miguel Llorca, del PP, lamentó las críticas del secretario de Medio Ambiente del PSPV-PSOE, Francisco Signes, a la sanción impuesta a la promotora del Atrium Beach y le acusó de "desconocer la legislación urbanística que el propio PSPV aprobó". Entretanto, la promotora del Atrium, Hotel Luna, SA, ha suspendido sine die la idea de finalizar la construcción, hasta conocer las consecuencias que la sanción acarrearán al grupo hotelero.