La policía eleva a 1.700 los inmigrantes timados por una asesoría

Los inmigrantes presuntamente estafados por una asesoría jurídica de Madrid que fue desmantelada recientemente por la policía suman ya unos 1.700, según los datos que maneja la Dirección General de la Policía. En un principio, se habló de que la estafa había afectado a 700 extranjeros.

La Asesoría de Extranjería Miguel Arcángel, sita en la calle Francisco de Rojas (distrito de Salamanca), estuvo cobrando durante los últimos dos años y medio a estos inmigrantes 1.000 euros por tramitarles, a sabiendas, de que no iban a prosperar, los papeles de residencia y trabajo con falsas ofertas de empleo.

Los presuntos estafadores falsificaron "un gran número de ofertas de empleo y solicitudes de permiso de trabajo y residencia", según la información facilitada por la policía. Además, la Asesoría Miguel Arcángel constituyó sociedades mercantiles que no tenían ninguna actividad para poder presentar así solicitudes para ciudadanos extranjeros y contrató a empleadores falsos, que por 300 euros accedían a prestar sus datos para el fraude.

Durante el tiempo que estuvo funcionando la empresa, dos años y medio, sus responsables consiguieron más de un millón de euros de ingresos.

Las pesquisas policiales comenzaron en febrero de este año, cuando a diversas comisarías (de Alcorcón y de Madrid capital) llegaron ciudadanos denunciando que sus datos personales habían sido utilizados, sin su consentimiento, por otras personas para conseguir permisos de trabajo y residencia a extranjeros. La Brigada Provincial de Extranjería y Documentación se hizo cargo a partir de ese momento de las investigaciones.

La operación concluyó con la detención, por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y falsedad documental, de 10 trabajadores de la asesoría. Como máximos responsables de la oficina, la policía detuvo a la pareja formada por Miguel Arcángel Hernández González, de 39 años y nacido en Puerto Rico, y a Yolanda Blanca Pascual, madrileña de 38 años. El Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid ha abierto diligencias previas.