Admitida la querella contra 2 ex delegados de la Zona Franca
Los ex delegados del PP en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, tendrán que responder de su gestión ante los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz ha admitido a trámite la querella criminal que presentaron conjuntamente a principios del pasado mes de agosto la Abogacía General del Estado y el recinto fiscal gaditano por los contratos millonarios que suscribió este organismo con las empresas Miami Free Zone y Telvent para crear una red informática que nunca existió.
A Rodríguez de Castro se le acusa de varios delitos de apropiación indebida, malversación de fondos públicos, fraude, prevaricación y exacciones ilegales. La acción penal contra Osuna es por un presunto delito societario. Ambos llegaron al cargo de la mano de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez.La querella por la gestión de la Zona Franca durante el mandado del PP incluye también a los empresarios Germán y Carmen Leiva, a quienes el abogado del Estado José Ignacio Monedero acusa, junto con Rodríguez de Castro, de crear la empresa ficticia estadounidense Miami Free Zone, a la que adjudicaron un contrato millonario para supuestamente "apropiarse indebidamente" de 4,2 millones de euros de Rilco, una sociedad de la Zona Franca que apenas registró actividad y arrastra un balance deficitario desde que la creó Rodríguez de Castro en 1998.
Esta múltiple querella incluye además a Telvent Interactiva, filial de Abengoa que recibió un contrato de 2,5 millones para colaborar en la creación la red informática que nunca llegó a funcionar. Según la Zona Franca, "existen indicios de que participó en la maquinación fraudulenta". A Osuna se le acusa de mantener este contrato y autorizar los últimos pagos, pese a que tuvo conocimiento del supuesto fraude tras encargar varios informes.
El delegado de la Zona Franca, el socialista José de Mier, valoró que los delitos denunciados, cometidos supuestamente desde diciembre de 2000, no prescribirán tras la admisión de esta querella. Para De Mier, el "demoledor" informe de la Abogacía del Estado constata que "pudo haber un cierto manejo de caudales públicos en una contratación que, desde el principio, no estuvo nada clara". Y añadió: "¡Qué casualidad que, mientras nos acusaban a todos los compañeros y a mí por el hecho de ser socialistas de maletines (...), se lo estaban llevando con maletines y en sus narices, y nadie sabía nada y nadie sabe nada".
Ésta es la segunda querella admitida por la justicia contra la gestión del PP en la Zona Franca.
