El tripartito de Marbella salta por los aires

El extraño matrimonio a tres bandas que desbancó a Julián Muñoz de la alcaldía de Marbella (Málaga) hace poco más de dos años ha saltado por los aires. Y como ya es habitual en la política de esta ciudad, la escenificación de la ruptura del pacto de gobierno -que colaboradores cercanos a la regidora, Marisol Yagüe, dan por terminado a más tardar este viernes-, se ha convertido en un culebrón. Entre los ingredientes, rumores y acusaciones de corrupción, compló y traición, denuncias de espontáneos a la Fiscalía, y la instrumentalización de la prensa para transmitirse mensajes envenenados.

La crisis del tripartito, formado por miembros del antiguo GIL, expulsados del PSOE y tres ediles del Partido Andalucista se precipitó tras publicarse, hace dos semanas que trabajadores municipales de delegaciones del PA denunciaban coacciones para afiliarse al partido y entregar al mismo parte de su sueldo. Pero el desencuentro entre el andalucista Carlos Fernández y Yagüe comenzó mucho antes. El signo más evidente fue cuando en enero, la regidora retiró al edil las competencias de Seguridad Ciudadana y asumió la gestión de la Policía Local.

Los ediles del PA creen que hay una campaña de desprestigio, incluso una conspiración

La alcaldesa destituirá a los andalucistas esta semana por presuntas presiones a trabajadores

"Están echando un pulso, saben mucho unos de otros y están midiendo fuerzas", opina Ángeles Muñoz, portavoz del grupo municipal popular. Coincide Alberto García Muñoz, ex gilista y sobrino de Julián Muñoz, que se ha quedado como concejal no adscrito tras romper con el grupo mixto D de Javier Lendínez. "Todavía estoy esperando que Yagüe se atreva a echar a Fernández. Puede que lleguen a un acuerdo para que éste sea el que se vaya. Saben demasiado unos de otros", afirma. El portavoz del PSOE, Silvestre Puertas, recomienda a los andalucistas poner en manos de la Fiscalía "lo que consideren prácticas irregulares del equipo de gobierno".

La posibilidad de que los concejales del PA desplieguen su arsenal puede ser la causa del desenlace a cámara lenta de la crisis, abierta en teoría para defender la legalidad en un gobierno en el que la mayoría de sus miembros está inmerso en procesos judiciales, a veces cruzados. Sin embargo, fuentes cercanas a Yagüe aseguran que a los andalucistas no les queda más salida que irse, voluntaria o forzosamente, antes del viernes 23. La fecha se habría fijado el jueves 8 en una reunión del equipo de gobierno, en la que, tras exponer las declaraciones de varios trabajadores, se dio a los andalucistas 15 días para depurar responsabilidades y después "autodepurarse".

Los miembros del PA niegan que exista un ultimátum, y descartan su salida voluntaria. "No hemos hecho nada por lo que tengamos que dimitir", dice Fernández, Según relata, en dicha reunión, la tránsfuga del PSOE y mano derecha de Yagüe, Isabel García Marcos, pidió depurar responsabilidades con dos cargos de confianza de la empresa pública de limpieza no afiliados, así como la cabeza de cinco trabajadores militantes del PA. Los dos cargos intermedios están "apartados voluntariamente de servicio" para no entorpecer la investigación, pero no han dimitido ni cesado, dice el todavía teniente de alcalde de Puerto Banús y delegado de Turismo y Fiestas.

También asegura que los argumentos de García Marcos para destituir a los cinco militantes andalucistas, son "más políticos que laborales". Según Fernández, lo único que hay son rumores, pese a lo cual, han solicitado a los jefes de los departamentos que dependen del PA que informen por escrito si tienen constancia de las mismas. Varios sindicatos han declarado que no han recibido quejas al respecto.

Los ediles del PA achacan la crisis a una campaña de desprestigio contra el partido, aunque tampoco descartan la teoría del compló publicada en Interviú. Según esta revista, el asesor de la alcaldesa, Juan Antonio Roca, en quien muchos ven la mano negra que dirige Marbella, pactó con Lendínez la salida del PA del equipo de gobierno a cambio de retirar sus denuncias contra Yagüe.

Desde el equipo de la alcaldesa, se asegura que las declaraciones de los trabajadores son creíbles y muy graves. Los hechos, aseguran, se conocían desde hace meses por quejas de trabajadores al Consistorio, aunque no fue hasta la publicación en prensa cuando se decidió investigarlos. La alcaldesa encargó una información reservada a dos funcionarios, el secretario del Ayuntamiento y el jefe de personal, y dos concejales, el delegado de Personal, José Luis Fernández Garrosa, y García Marcos. Los andalucistas dudan de la imparcialidad de esta última, a la que consideran su oponente política. También los portavoces de la oposición critican que no se les incluyera, y que ni siquiera se les informara.

Ante la comisión declararon 14 empleados de las empresas municipales de limpieza y turismo -gestionadas por Pedro Pérez, secretario provincial del PA, y Fernández-, que habrían descrito asambleas del partido en las dependencias municipales de Puerto Banús, a las que se obligaba a asistir a los trabajadores no afiliados. Allí, los ediles les habrían presionado para afiliarse y aportar el 2% de su sueldo a cambio de renovar sus contratos o convertirse en fijos. Otras denuncias se refieren al engorde de facturas en la compra de repuestos de los equipos de limpieza.

Con todo el material recopilado, se está elaborando un informe que probablemente se envíe a la Fiscalía de Málaga mañana, según fuentes municipales. El ministerio público ya abrió diligencias de investigación la pasada semana, tras recibir una denuncia de Cristóbal Toro, un funcionario de la policía local liberado que trabaja en una televisión local. Como es habitual en Marbella, la justicia escribirá el desenlace del culebrón.