Sanz pide más tiempo para hacer efectiva la compra del Parma italiano
La compra del Parma, club italiano de Primera División, por parte de Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid, sufrió ayer un imprevisto retraso: Renfisa Inversiones, la sociedad de inmobiliaria de la familia Sanz, ha solicitado un mes más de plazo para el pago de la cantidad acordada para la adquisición del club -que no ha trascendido-, según La Gazzetta di Parma.
El pasado 12 de agosto, la administración extraordinaria del Parma, club declarado en bancarrota tras la quiebra de la empresa agroalimentaria Parmalat, su principal patrocinador y dueña del club, decidió aceptar la propuesta que le realizó Renfisa Inversiones. Entonces, la sociedad de Sanz hizo un primer pago de 1 millón de euros como anticipo de los 27 millones que le permitirían controlar la totalidad de las acciones del club, siempre según los medios italianos.
Ahora, Renfisa Inversiones estaría a punto de realizar un nuevo pago de entre seis y ocho millones de euros, pero habría solicitado un aplazamiento hasta octubre para realizar el pago total, que debía hacer efectivo el 20 de septiembre, según La Gazzetta. La petición de Sanz, añadió el diario italiano, habría sido aceptada por Enrico Bondi, administrador extraordinario del Parma.
Mientras el desembarco de Sanz en el club italiano se hace realidad, el club sigue bajo la supervisión de una administración extraordinaria, que fue la que se hizo cargo del Parma tras la grave crisis financiera sufrida por Parmalat y que motivó su declaración de insolvencia. Ello llevó a que en el pasado enero se abriese el plazo para la recepción de ofertas de compra, por parte tanto de empresarios nacionales como internacionales. Para entonces, el Parma FC, había sido declarado insolvente y había reconocido unas deudas que entonces ascendían a más de 300 millones de euros. El club pertenecía a Calisto Tanzi, propietario del grupo alimentario Parmalat que fue encarcelado tras la quiebra de la empresa a finales de 2003. Más de una veintena de personas físicas y jurídicas están implicadas en el proceso judicial que investiga la quiebra de la empresa.
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