Maquillaje para Rabassa

Nadie podrá negar a Enrique Ortiz su determinación para sacar adelante el plan de Rabassa. Claro que el negocio que se le presenta al constructor es tan excelente que cualquier esfuerzo que realice en ese sentido tiene la recompensa asegurada. Al día de hoy, puede decirse que este hombre lo ha intentado todo para lograr su objetivo. Primero, supo ganarse la voluntad de los políticos municipales, tanto la de quienes gobiernan la ciudad como la de quienes deberían ejercer la oposición. El escándalo que provocó la aprobación del plan urbanístico de Rabassa en su momento fue tremendo. El número de viviendas aprobadas suponía, de hecho, crear una ciudad dentro de la ciudad: las consecuencias que la acción tendría para Alicante eran, cuanto menos, imprevisibles. Pero aún llamó más la atención que el suceso se produjera al margen del Plan General de la ciudad.

Es probable que el caso hubiera quedado como un escándalo más de los muchos que se han producido en Alicante, bajo el mandato de Luis Díaz, de no haber mediado el apoyo del grupo municipal socialista al proyecto. Fue la actitud de los concejales socialistas, al votar a favor del plan, la que provocó la indignación de numerosos seguidores de ese partido. Estas personas formaron una plataforma cívica para oponerse al plan de Rabassa, a la que se sumaron decenas de ciudadanos. Precisamente, uno de los efectos impensados del conflicto ha sido animar la vida pública de la ciudad. La inhibición, el menfotisme, que suele atribuirse, con mayor o menor razón, al alicantino, ha quedado en suspenso en esta ocasión.

Para frenar la resistencia ciudadana al plan de Rabassa, Enrique Ortiz recurrió a una maniobra que, cuanto menos, deberemos calificar de curiosa. De un día para otro, el constructor abrió una oficina para atender a quienes deseaban una de las viviendas de protección oficial que habrían de construirse en Rabassa. Las colas que formaron quienes respondieron al reclamo fueron utilizadas por el promotor para justificar el carácter social de su negocio. Sin embargo, cuando el portavoz socialista, Blas Bernal, quiso defender la urbanización de Rabassa utilizando este argumento, fracasó de una manera completa. Bastó preguntarle a Bernal qué defensa de la vivienda habían realizado los socialistas durante sus años de oposición en el Ayuntamiento. Su silencio fue clamoroso.

Enrique Ortiz ha debido buscar, finalmente, la vía de la negociación y, para ello, ha pedido hablar con el Colegio de Arquitectos. No se trataba de evitar la suspensión del plan que, como ha recordado la concejal de Urbanismo, ya está aprobado, y aprobado con los votos socialistas. Lo que pretende el constructor con la iniciativa es atenuar el rechazo que Rabassa suscita en la ciudad. Ante lo irremediable de la situación, el Colegio de Arquitectos ha manifestado que colaborará para mejorar el urbanismo de Rabassa en cuanto sea posible, y mitigar sus excesos. Habrá que ver, llegado el momento, mitigada la presión social, en qué queda la cosa. Ortiz es, ante todo, un constructor y los constructores, sentimos decirlo, no se han mostrado jamás respetuosos con Alicante. Al contrario: la ciudad que han edificado habla por sí sola. Como empresarios, los constructores han ido a lo suyo, que es hacer negocio. Pero para ello han debido contar con el apoyo de unos gobernantes que antepusieron los intereses privados a los de la ciudad. ¿Por qué iban a cambiar ahora las cosas?