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La presidenta del TSJC reniega de la justicia de proximidad

El fiscal Mena defiende el modelo y afirma que "no hay motivos" para recelar

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugènia Alegret, hizo ayer un alegato en contra de la justicia de proximidad que prepara el Gobierno y sugirió que puede ser inconstitucional, porque el nombramiento de esos jueces por los ayuntamientos "no se adecua a los criterios de independencia e inamovilidad de un poder judicial independiente y separado del poder ejecutivo y legislativo".

La justicia de proximidad es una propuesta que viene haciendo desde hace años el Ayuntamiento de Barcelona y que finalmente se ha decidido a asumir el Gobierno con una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Desde que se anunció, prácticamente todos los sectores judiciales, incluidos los de talante progresista, han abominado de que esos jueces sean propuestos por los ayuntamientos o las comunidades autónomas. Se trataría de abogados con experiencia que juzgarían pequeños delitos y reclamaciones civiles de poca cuantía

Ayer la presidenta del TSJC advirtió del riesgo de politización que entraña esa fórmula y dijo que "la sociedad no entendería" que existiera una "justicia de dos velocidades" en función de la capacidad de los ayuntamientos de ponerla en marcha. Y sobre todo, del peligro que supondría "una justicia diferente según fuese la tendencia política que dominase el ayuntamiento". Con esta frase, la presidenta entró en la polémica que atribuye a este tipo de jueces una sospecha de dependencia política de la que habitualmente se exime a los tribunales ordinarios.

Frente a esa visión de Alegret, el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, aseguró que "el recelo" hacia la justicia de proximidad era previsible, pero puntualizó que "no hay motivos" para ello y que "debería superarse". En su opinión, la iniciativa supondría una descarga de los "asuntos bagatela", en referencia a la pequela delincuencia, que actualmente inundan los juzgados de instrucción. Mena no dejó pasar la oportunidad para recordar que Justicia Democrática, la organización que agrupaba a la izquierda judicial en la clandestinidad, siempre estuvo a favor de la justicia de proximidad, que, según él, no sería otra cosa que generalizar los actuales juzgados de paz.

Por otra parte, Mena recordó la "preocupante" falta de fiscales y aseguró que en las condiciones actuales es "inasumible" prestar un servicio eficaz porque, además, la ley exige su presencia en los juicios, y el año pasado se celebraron más de 48.700 vistas en la provincia de Barcelona, entre delitos y faltas. Del mismo modo, Mena reclamó la creación de más juzgados de violencia doméstica y que funcionen las 24 horas, en línea con la reclamación de la junta de jueces de Barcelona. Ahora los dos juzgados de ese tipo que hay en Barcelona atienden de 9.30 a 13.30 horas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 16 de septiembre de 2005