El fiscal Antidroga pide que se tipifique la banda criminal con más de tres miembros

España está siendo víctima de "una inquietante invasión silenciosa" de grupos criminales extranjeros altamente profesionalizados que han comenzado a utilizar como método el asesinato, el secuestro y la extorsión. Para combatirlos, el jefe de la Fiscalía Antidroga, Javier Zaragoza, reclama en su memoria de este año que se tipifique como delito la pertenencia a organización criminal y se defina como tal a la red que cuente con más de tres miembros. Además, propone crear una fiscalía especial para coordinar a las de la Audiencia Nacional, Anticorrupción y Antidroga.

El fiscal jefe Antidroga, Javier Zaragoza, señala que además del terrorismo islamista, en las últimas décadas ha aparecido la delincuencia organizada transnacional: "Un fenómeno criminal de contornos y dimensiones que no conocemos suficientemente, que ejerce una enorme influencia en las estructuras políticas y económicas de algunos Estados y cuya erradicación resulta especialmente difícil porque los instrumentos penales y las técnicas de investigación tradicionales son claramente insuficientes para hacerle frente".

Según los informes incluidos en la memoria de este año, el tráfico ilícito de drogas y el blanqueo de capitales representan casi un 40% de las actividades que ejecutan los grupos criminales asentados en nuestro país. El narcotráfico alcanzó el 28,93% y el blanqueo el 8,83%, respectivamente. Del tráfico ilícito de drogas, el de cocaína fue el 12,5% del total, y el de hachís el 11%.

Les siguen el tráfico ilícito de personas, con el 10,52 % (incluye las redes de prostitución, de inmigración ilegal y de explotación laboral), la falsificación de documentos, con el 9,59%, y los robos de vehículos, con el 7,37%.

El fiscal jefe Antidroga destaca que entre las técnicas de investigación más recientes en la lucha contra el narcotráfico se encuentran la entrega vigilada y el agente encubierto, ambas incorporadas al ordenamiento jurídico español en los últimos años. Además han contribuido a perseguir este tipo de delitos la tipificación penal del delito de blanqueo de capitales y el decomiso de bienes. La cobertura procesal se completa con la protección de testigos y peritos en causas criminales, "cuyas disposiciones son, en el momento actual, manifiestamente insuficientes para otorgar protección", advierte Zaragoza.

Conducta ilícita grave

Según el estudio del fiscal Antidroga, lo más apremiante en este momento es la incorporación a la legislación penal, como conducta ilícita grave, la "participación en asociación o pertenencia a una organización criminal". El actual delito de asociación ilícita del artículo 515.1 del Código Penal "no sirve para responder eficazmente a un modelo de delincuencia que por sus características, dimensiones, estructura y funcionamiento reviste una gran complejidad". Por eso reclama una tipificación específica como la que criminalizó la pertenencia a organización terrorista o banda armada. Zaragoza propone que se considere organización criminal la que cuente con más de tres miembros.

Se trataría de penar la concreta responsabilidad de sus miembros, la finalidad delictiva perseguida, los medios o procedimientos empleados y su estructura operativa.

En cuanto al alcance de las reformas en el Ministerio Fiscal, Zaragoza propone establecer una estructura central y territorial mediante la creación de un Fiscal de Sala Delegado del Fiscal General del Estado, con funciones de coordinador de las tres fiscalías especiales (Fiscalía de la Audiencia Nacional, Anticorrupción y Antidroga) y la creación de secciones de Delincuencia Organizada en las fiscalías, con la incorporación a las mismas de los fiscales delegados de Antidroga y Anticorrupción; la incardinación de la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional y la atribución a Antidroga de competencias en procedimientos sobre extradición y euroórdenes cuando el delito sea de tráfico ilegal de drogas o blanqueo de dinero.

Al mismo tiempo, "parece razonable pensar que ha llegado el momento de redefinir las competencias de la Audiencia Nacional para convertir este órgano en una institución judicial especializada en la represión y persecución de la delincuencia organizada".

Las reformas legales necesarias para acomodar la estructura judicial a estos objetivos se sustentarían en la reestructuración de las competencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y en la creación de juzgados especializados en los territorios autonómicos y provincias en los que fuere preciso (ver gráfico adjunto).