La Junta prepara una ley que permitirá a los ayuntamientos prohibir el 'botellón'

Los ayuntamientos andaluces podrán prohibir el botellón antes de 2008. La Junta entregó ayer a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) el primer borrador de la ley que regulará el consumo de alcohol en la calle, para cuyo texto definitivo, según afirmó la consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, se buscará el consenso de los ayuntamientos y los colectivos sociales. La ley, que se aprobará esta legislatura, deja en manos municipales la decisión de establecer en qué zonas se podrá beber en la calle. Naranjo incidió en que la norma no se aplicará en las terrazas y veladores ni durante las fiestas locales.

La ley que prepara la Junta dará potestad a los Ayuntamientos para regular el botellón. En opinión de la consejera de Gobernación, los municipios cuentan ya con "toda la base normativa" para hacerlo, pero ante la demanda insistente, sobre todo por parte de alcaldes del PP, de una ley autonómica sobre el consumo de alcohol en la calle, la Junta ha preparado un borrador del que saldrá una norma consensuada con la FAMP. "Lo que queremos es no dar excusas para que ningún alcalde de Andalucía diga que no tiene las armas legales para regular el ocio", afirmó Naranjo.

La ley permitirá a los ayuntamientos prohibir el consumo de bebidas o comidas en todas las zonas que en las ordenanzas municipales no aparezcan específicamente como permitidas para comer o beber. Serán los municipios los que tendrán que establecer dónde podrán desarrollarse actividades de ocio al aire libre y las condiciones que éstas deben cumplir, mientras que la Policía Local será la encargada de velar por el cumplimiento de la norma.

La propuesta de la Junta prohibe también que las tiendas entreguen bebidas alcohólicas después de las 22.00 horas, aunque éstas hayan sido compradas antes. Según advirtió Naranjo, a pesar de que la Ley de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas prohíbe vender alcohol a partir de esa hora, muchos establecimientos ofrecen a los jóvenes la posibilidad de pagar antes las bebidas y recogerlas a la hora del botellón. La nueva ley prohibirá también esta práctica.

Tampoco se podrá encargar alcohol por teléfono o a través de empresas de mensajería si las bebidas se van a comsumir en la calle. La propuesta de la Junta prohíbe también abandonar en la vía pública "los envases de bebidas y demás recipientes utilizados en actividades de ocio", así como realizar en la calle las necesidades fisiológicas.

Naranjo insistió en que la intención del gobierno andaluz no es regular "todo" el fenómeno del botellón, sino sólo sus efectos más negativos. El objetivo de la Junta, según recalcó la consejera, tampoco es "instalar la ley seca" ni poner cortapisas a "nuestras costumbres". El borrador de la futura ley especifica que ésta no se aplicará en los espacios destinados a terrazas y veladores ni en las ferias locales, verbenas, manifestaciones religiosas y otras fiestas "de carácter tradicional".

El texto redactado durante elmes de agosto por técnicos de las consejerías de Gobernación, Medio Ambiente e Igualdad y Bienestar Social deberá ser valorado ahora por el grupo de trabajo sobre el botellón creado en la mesa de concertación local, integrada por la Junta y la FAMP. Este grupo está formado por tres técnicos del gobierno andaluz, uno de la Delegación del Gobierno en Andalucía y otros tres designados por la federación de municipios, en concreto uno del Ayuntamiento de Granada, otro del de Chiclana y uno de la propia FAMP.

El grupo de trabajo se reunió ayer por primera vez para que los representantes municipales y del Gobierno central conocieran el borrador de la ley. Ningún portavoz de la FAMP quiso ayer valorar la propuesta autonómica hasta que los técnicos presentes en el encuentro con la Junta analicen el texto.

Naranjo no se atrevió a precisar los plazos de tramitación de la nueva norma, aunque áseguró que estará en vigor antes de que acabe la actual legislatura, en marzo de 2008. "Creemos que es un texto sencillo y que los trámites no se van a demorar mucho", afirmó la consejera. El objetivo del gobierno andaluz es que el texto que se someta a votación en el Parlamento esté consensuado con los ayuntamientos y los sectores sociales más afectados por el fenómeno del botellón, como los empresarios y las asociaciones vecinales.

La ley andaluza cuenta con precedentes en nueve comunidades autónomas españolas: Madrid, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Cantabria, La Rioja, Castilla León y Aragón. Sin embargo, según Naranjo, los textos aprobados hasta ahora se limitan a prohibir el consumo de alcohol en la calle, mientras que el de la Junta amplía las responsabilidades a los establecimientos o a los que abandonen residuos u orinen en la vía pública.

Lo que sí tienen en común todas las leyes sobre esta materia, incluida la que prepara la Junta, es que la potestad de controlar y sancionar a los establecimientos y a los consumidores se deja en manos de los ayuntamientos, que tendrán que aprobar una ordenanza municipal adaptando la ley a su municipio. "Los ayuntamientos que no lo hagan tendrán que dar explicaciones a sus vecinos e incluso a los jueces que puedan acusarles de dejación de funciones", advirtió Naranjo.