¿Roquetas, un caso excepcional?

Roquetas se ha convertido lamentablemente este verano en el punto central de la crónica política y social española, a raíz de la muerte del ciudadano que se encontraba en dependencias de la Guardia Civil.

Dentro de la conmoción que produce un suceso de tal naturaleza, es digno de elogiar la prontitud con que la administración reaccionó, suspendiendo al teniente responsable del puesto e iniciando una investigación de lo acaecido.

No obstante, debo manifestar el escepticismo que me producen las recientes declaraciones del ministro cuando afirma que estos hechos son absolutamente excepcionales. ¿Excepcionales respecto a qué? Sin ánimo de alarmar pero sí de reflexionar, datos oficiales del Ministerio del Interior arrojan que hay más de 80 policías nacionales y guardias civiles condenados en los últimos cuatro años. Cifra escasa si se piensa que fueron más de 1.000 las denuncias que se formularon por ciudadanos contra los citados cuerpos, archivadas en su casi totalidad por falta de pruebas, tales como la falta de grabación en determinadas dependencias, el excesivo tiempo transcurrido en ser asistido por el juez y el médico forense.

"Los malos tratos policiales existen y aunque no son sistemáticos, sí son más que esporádicos e incidentales en nuestro país" tal y como han concluido la ONU, a través de su informe del 6 de febrero de 2004, tras examinar los datos aportados por asociaciones españolas integradas en la Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas y la de Para la Prevención de la Tortura, a las que pertenece la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A).

Consecuencia de ello, el 17 de mayo de este año, por primera vez en la historia de España, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, una moción contra los malos tratos, que según el portavoz del PSOE Juan Luis Rascón, será el "marco de referencia de iniciativas legislativas y no legislativas que están por venir para cambiar el estado de cosas". Reacción tardía, que no obstante no ha podido evitar la muerte de Roquetas.

Como propuesta, el ciudadano que se sienta coaccionado en dependencias policiales -como estuvo el de Roquetas- y que así lo solicite, debe tener el derecho a denunciar con carácter inmediato lo ocurrido ante el juez, con presencia de abogado, y a ser asistido por el médico, permitiendo así una comprobación in situ de lo sucedido que lo documente e impida males mayores.