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Reportaje:

Las dos varas de Batasuna

La formación ilegalizada quiere volver a las instituciones usando los resquicios de la ley mientras sigue acosando a los concejales

Hay lugares donde todavía se apalabran palizas. La noche del pasado domingo, un concejal de Burlada (Navarra) llamado Txema Mauleón y perteneciente a la formación nacionalista Batzarre, que en euskera significa asamblea, se encontraba tomando una copa en las fiestas de su pueblo. De pronto, un grupo de vecinos, entre los que sobresalía el ex concejal de Batasuna José Luis Moreno, se le acercó y comenzó a insultarle. "Eran unos ocho o diez", contó Mauleón a este periódico, "me llamaron fascista, cabrón y español. Moreno [que fue miembro de la Mesa Nacional de HB y en la actualidad es liberado del sindicato LAB] me dijo que en ese momento no me pegaba porque soy concejal y le iban a caer siete años, pero que cuando dejara de serlo me iba a inflar a hostias". Una vez apalabrada la paliza, y justo antes de marcharse, una de las mujeres del grupo agarró las gafas del concejal y las metió en un vaso de cerveza.

Los radicales logran colocar en Azkoitia a un candidato rechazado por la Ley de Partidos
Una mujer agarró las gafas de un concejal de Burlada y las metió en un vaso de cerveza

La escena, que un guionista de serie negra hubiera encontrado demasiado cargada para ser creíble, describe a la perfección el ambiente que rodea a la última iniciativa de Batasuna: una carta, dirigida a los tres partidos que sostienen el Gobierno vasco y a la formación nacionalista Aralar, para que le devuelvan las concejalías que, por mor de la Ley de Partidos, dejaron de ocupar. La misiva no es ni más ni menos que el segundo capítulo de una estrategia perfectamente calculada por la formación que lidera Arnaldo Otegi.

El primer acto, desarrollado durante los dos últimos años, viene consistiendo en el acoso sistemático a más de 400 concejales del País Vasco y Navarra para que renuncien a sus cargos en favor de los candidatos que designe Batasuna. Un centenar de amenazados -según cálculos de la propia formación ilegalizada- no han sido capaces de aguantar la presión y se han marchado ya, pero el resto sigue resistiendo. La pregunta es hasta cuándo.

Y la respuesta depende ahora de la dirección de los partidos interpelados. Todos -Eusko Alkartasuna, PNV, Ezker Batua (IU) y Aralar- han respondido en un primer momento que la propuesta planteada esta semana por Batasuna no es viable, pero la cuestión no se antoja tan sencilla. Según reconocen en privado algunos dirigentes nacionalistas, el acoso a sus concejales les está haciendo mucho daño. Por varios aspectos.

El primero de ellos es el factor humano. Las víctimas del acoso son los concejales que llegaron al cargo después de que la formación radical quedara fuera de juego. Se trata, en la mayoría de los casos, de militantes de base, vecinos del pueblo que se prestaron a ir de relleno en las listas sin imaginarse que podían salir. Valga el ejemplo de un pueblo de Guipúzcoa muy significativo para la izquierda abertzale: Oiartzun.

En las elecciones municipales de 1999, Euskal Herritarrok -la denominación de Batasuna entonces- logró en Oiartzun ocho concejales, mayoría absoluta. Enfrente, y sin demasiado poder de oposición, estaban los cinco ediles de la coalición EA-PNV. No hacía falta más que darse una vuelta por el pueblo para saber quién mandaba allí. Las fotografías de los terroristas presos colgaban del balcón del Ayuntamiento y los chavales jugaban al frontón bajo un anagrama azul de ETA que a nadie se le ocurría borrar. Llegaron las municipales de 2003 y, en aplicación de la Ley de Partidos, la lista avalada por Batasuna fue ilegalizada. El resultado fue que Eusko Alkartasuna consiguió siete concejales; el PNV, cuatro; y una coalición formada por Ezker Batua, un independiente y Aralar, dos. Batasuna contabilizó entonces los votos nulos -2.258- como propios y estimó que al menos siete de las concejalías obtenidas por los otros partidos le habían sido robadas. La persecución a los titulares de esos cargos ha sido, y sigue siendo, terrible. Y eso que, como concesión a sus perseguidores, la actual corporación nacionalista optó por dejar colgados del balcón consistorial los retratos de los presos. Las sedes de PNV y EA ya han sido atacadas en numerosas ocasiones con piedras y botes de pintura roja y amarilla. Los concejales considerados "ladrones" tienen que aguantar que les amenacen delante de sus hijos o que cuelguen sus fotografías de las farolas. El verano está siendo un calvario y alguno de ellos ya ha dimitido. "Nos está costando mucho", reconoce un dirigente de Eusko Alkartasuna, "convencerlos de que aguanten. No es fácil en pueblos tan pequeños. Y todavía queda año y medio para las próximas elecciones".

Hay otro factor, éste de carácter político, por el que a algunos partidos como PNV y EA les va a ser muy difícil aguantar el envite de Batasuna. "Durante estos dos años", se sincera un dirigente de una de estas formaciones, "les hemos estado diciendo que, como contrarios que somos a la Ley de Partidos, nos gustaría cederles algunas de nuestras concejalías, pero que la legislación no nos lo permite. Pero ya sabe lo que ha sucedido en Azkoitia...".

El pasado mes de junio, Asier Larrañaga, un miembro de una plataforma ilegalizada en 2003 por su vinculación a Batasuna, se las ingenió para tomar posesión como concejal en Azkoitia (Guipúzcoa) en sustitución de un edil de una plataforma independiente. La forma en que lo hizo es la que Batasuna pretende ahora exportar a otras localidades. Es necesario para ello que un concejal legalmente elegido dimita, y que todos los siguientes de la lista renuncien a sustituirlo. A continuación, y según el artículo 182.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), el partido que provoca la vacante tiene la potestad de designar como concejal a una persona que no figure en las listas. Lo curioso del asunto es que ese artículo de la ley fue modificado para garantizar la democracia en los ayuntamientos del País Vasco, donde tanto el PSE como el PP siguen teniendo muchos problemas para sustituir a los concejales que dimiten por la presión de ETA o de su entorno.

Sin embargo, ahora, no sólo son los llamados partidos constitucionalistas los que se sitúan en la diana de Batasuna. "Y eso", admite un dirigente nacionalista, "está provocando que algunos de los nuestros [cargos de PNV y EA] se estén cayendo del caballo. Hay concejales que nos llaman para decirnos: 'Mira, yo siempre estuve contra la Ley de Partidos, y lo sigo estando, pero cómo quieres que le ceda mi puesto al que viene a mi casa a insultarme, al que me llama ladrón delante de mis hijos".

El domingo pasado, cuando un dirigente de Batasuna le apalabró una paliza al concejal de Burlada Txema Mauleón, también se encontraba presente una edil de Izquierda Unida. "Es inadmisible", expresó al día siguiente un portavoz de la coalición, "que pueda haber opciones políticas que con una mano ofrezcan la paz y con la otra sigan dando bofetadas".

Por si acaso, Mauleón no presentó denuncia en los juzgados. "Sería", dijo, "como echar leña al fuego".

Joseba Egibar, dirigente del PNV y alcalde de Lizartza, acosado por radicales.
Joseba Egibar, dirigente del PNV y alcalde de Lizartza, acosado por radicales.JAVIER HERNÁNDEZ

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