Los expertos apoyan el encarecimiento de multas de tráfico pero critican la falta de información

Hay algunos comportamientos cuya incidencia en la seguridad vial está demostrada y hasta ahora no estaban suficientemente castigados. En esa idea coinciden las asociaciones de automovilistas y las autoescuelas. Sin embargo, también hay críticas a la reforma de Ley de Seguridad Vial que hoy entra en vigor. Unas son compartidos por todos, como la falta de una campaña de información a los usuarios por parte de la Dirección General de Tráfico. Otras, menos unánimes, hacen referencia a un afán recaudatorio. Los infractores pagarán hasta tres veces más que ahora en algunos casos.

La reforma de la Ley de Seguridad Vial entra hoy en vigor, salvo en la parte que se refiere al carné por puntos, y fundamentalmente contempla la recalificación del cuadro de sanciones. Las asociaciones de conductores y autoescuelas coinciden en que hablar por el móvil mientras se conduce, no usar los cinturones de seguridad en todas las plazas del vehículo ni el casco en las motos, o conducir sin permiso, son comportamientos que ponen en serio riesgo la seguridad vial y su sanción no estaba acorde con este peligro. Hasta ahora, la multa no pasaba de 90 euros; a partir de hoy, supondrá hasta 300.

Desde el Real Automóvil Club de España (RACE) consideran que se ha fallado gravemente en la información. "Echamos en falta que haya un efecto preventivo y renovador. A la gente hay que educarla, y eso no se ve en la nueva ley. La clave es investigar, concienciar, y después, aplicar la norma, no poner en marcha una ley en pleno verano sin información".

Esta asociación subraya que el 50% de los fallecidos en Semana Santa no llevaba el cinturón de seguridad y que hablar por el móvil mientras se conduce equivale a circular con una tasa superior a la permitida. Y por eso consideran adecuadas estas medidas.

El RACE considera que el endurecimiento de las sanciones por no identificar al conductor de un vehículo está provocado por la masiva colocación de radares que se espera en los dos próximos años, porque estos sistemas no permiten conocer quien conduce el vehículo en el momento de producirse la infracción. Y aprecia "un afán recaudatorio" en la reforma.

Algo en lo que coincide con Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Según su presidente, Mario Arnaldo, hay una parte de la recalificación de infracciones que sí justificarían ese ansia de aumento de recaudación, como "conducir con el carné caducado", porque no inciden en la seguridad vial. Arnaldo considera que sí era necesario endurecer el castigo de ciertos comportamientos que hasta ahora eran considerados leves "y en toda Europa están calificados como graves". Al mismo tiempo critica que "siga existiendo una amplísima discrecionalidad en la graduación de las sanciones dependiendo del lugar de España donde se cometa una infracción". Desde AEA también se critica que se haya reducido a un mes el plazo que permite pagar una multa beneficiándose del descuento del 30% "y anulando así la posibilidad de recurso".

En el mismo sentido se expresa Eugenio Dobrynine, responsable del área de Seguridad del Comisariado Europeo del Automóvil (CEA). En su opinión es un acierto "incrementar determinadas sanciones", pero se falla en el procedimiento sancionador "porque se eliminan las posibilidades de defensa del automovilista", informa Europa Press.

El secretario ejecutivo de la Fundación Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), Alfonso Perona, señaló que ha solicitado a la DGT un estudio de las infracciones y su incidencia en los accidentes para volver a recalificar las sanciones. En su opinión, hay algunas conductas que tendrían que haber ascendido de categoría mucho antes, informa Servimedia.

El presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, José Miguel Baez, considera que los centros de educación tendrán que incidir ahora en estos aspectos. "Las medidas me parecen perfectas, pero hay que hacer una buena campaña de información porque si no perdemos el tiempo", señaló.

Por su parte, la Federación Nacional de Transporte de España, Fenadismer, ha pedido al Defensor del Pueblo que promueva un recurso de inconstitucionalidad de la ley, al considerar que incide en el "carácter sancionador" y contempla "un catálogo de sanciones excesivo".