La justicia tarda hasta 15 días en acordar una orden de protección por la saturación de casos

Los dos juzgados de violencia contra la mujer que funcionan en Barcelona pueden tardar hasta 15 días en resolver la petición de una mujer maltratada para que se dicte una orden de protección a su favor. Hasta el 29 de junio, fecha de la entrada en funcionamiento en toda España de esos juzgados especializados, esa misma orden de protección se resolvía en 24 horas en el juzgado de guardia, pero la acumulación de asuntos de violencia doméstica explica la demora actual. En poco más de un mes han ingresado en estos dos juzgados 1.281 procedimientos de violencia sexista.

La situación que viven los juzgados de violencia contra la mujer es muy parecida a la del servicio de urgencias de un hospital, al que llega alguna persona en estado muy grave, otras que han sufrido un infarto, varias en estado menos grave y otras con un simple resfriado. La función del juez es atenderlas según la gravedad de la denuncia e ir dejando los casos leves para el final.

Los asuntos que quedan en la cola pueden ser los de una mujer que ha sido insultada o agredida por su marido levemente, pero que reclama a la justicia una orden de protección. Para lograr una respuesta puede llegar a esperar hasta 15 días. La orden de protección a la víctima puede implicar medidas civiles y penales. En el primer caso se resuelve sobre el uso de la casa, la pensión de alimentos a los hijos y el régimen de visitas a los niños. Es, en resumen, la separación por lo criminal que se solventa en 24 horas en lugar de esperar varios meses por la vía civil y que, en ciertos casos, alienta la picaresca para que se produzcan denuncias, aseguran algunos jueces.

Alejamiento de domicilio

Pero la orden de protección a la víctima puede implicar también la adopción de medidas penales, como que se dicte una orden de alejamiento del presunto agresor del domicilio conyugal, así como la prohibición de comunicarse con la esposa, entre otras posibilidades.

Antes de adoptar esas medidas, la juez ha de tomar declaración al acusado y la supuesta víctima, así como a los testigos. Pero ese trabajo lo debe alternar, además, con el resto de los procedimientos penales, incluidos la celebración de juicios rápidos, y ha de resolver sobre la situación de prisión o libertad de los tres detenidos diarios que pasan por su despacho. El resultado es una situación al borde del colpaso, porque esos dos juzgados actuales están realizando el trabajo que hasta ahora se repartían los 33 juzgados de instrucción.

Ese contexto explica que jueces y funcionarios realicen jornadas de hasta 12 horas. El personal judicial se plantó el pasado 22 de julio y se negó a seguir trabajando más allá del horario establecido. El Departamento de Justicia de la Generalitat ya ha enviado un refuerzo y en septiembre lo aumentará.

Maria Sanahuja, juez decana de Barcelona, considera, sin embargo, que "la solución pasa por que existan cinco juzgados exclusivos para violencia doméstica, que realicen guardias diarias y remuneradas de 12 horas, como en su día reclamó la junta de jueces de instrucción la ciudad". Del mismo modo, Sanahuja va más allá y reitera su tesis de que "el origen del problema es un Código Penal que convierte en delito algunos casos que antes eran falta y que no permite discernir los asuntos graves, en los que hay que dar una respuesta rápida y toda la protección a la víctima, de lo que son discusiones inevitables por ruptura de la pareja".

Desde el pasado 29 de junio hasta ayer, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Barcelona ha tramitado 613 procedimientos, y otros 668 el número 2. El primero se ha quedado 218 casos y el segundo 228, pero han debido resolverlos todos antes de inhibirse en favor de otros juzgados y adoptar diversas medidas. Sin embargo, el colpaso actual ha impedido que estos juzgados puedan instruir los casos denunciados en este tiempo, lo que ha empezado a generar ya una bolsa de retraso. La ley también les otorga competencias civiles, pero afortundamente hasta ahora sólo se ha presentado un procedimiento en cada juzgado. Como están saturados, la respuesta judicial en este caso ha tardado más de un mes. Mientras tanto, la víctima ha permanecido en una casa de acogida esperando que se homologara el convenio de separación.