Francia adelanta a agosto la reforma que facilita el despido

El primer ministro francés, Dominique de Villepin, sorprendió ayer a la opinión pública al anunciar el adelanto de la entrada en vigor de una serie de medidas destinadas a liberalizar el mercado de trabajo. Anunciadas hace apenas dos meses para ser aplicadas a partir de septiembre, Villepin hizo saber ayer, en la última reunión del Consejo de Ministros antes de las breves vacaciones gubernamentales, que las seis medidas destinadas a relanzar el empleo y reducir una tasa de paro que se sitúa en el 10,1% entrarían en vigor el 4 de agosto. Los sindicatos respondieron ayer convocando movilizaciones en la tercera semana de septiembre.

La más importante de las seis propuestas es el llamado "contrato nuevo empleo", destinado a las empresas de 20 o menos asalariados, y que las autoriza a firmar contratos de dos años que pueden interrumpirse en cualquier momento (basta una carta de preaviso enviada dos semanas o un mes antes de cesar la relación). La empresa sólo estará obligada a indemnizar al trabajador con el 8% del total bruto que haya recibido.

Para valorar mejor el impacto de la medida hay que tener en cuenta que el 96% de las empresas francesas tienen 20 o menos asalariados, que existen 2,3 millones de sociedades que entran dentro del cálculo y que la medida afecta al 29% de los activos galos, es decir, a unos 6,5 millones de personas.

Villepin quiere también que los trabajadores jóvenes, de menos de 26 años, dejen de figurar en el cálculo de los efectivos de las empresas, cuestión que modifica los criterios de representación sindical, de la posibilidad de extender determinados tipos de contratos o de acceder a ayudas pensadas para las pequeñas empresas.

Menos costes sociales

Una tercera medida consiste en que las tasas y costes sociales reducidos que gravaban hasta ahora las empresas de menos de 10 trabajadores se hacen extensivos a las sociedades de 20 y menos. La cuarta es la creación de un denominado "crédito-impuesto" de 1.000 euros al año para sumar a las nóminas de jóvenes que ganen entre 2.970 y 10.060 euros anuales trabajando, como mínimo, durante seis meses. Esa suma es válida siempre y cuando el joven ejerza alguno de los llamados 23 "oficios prioritarios", aquellos en los que hay más demanda de mano de obra como agricultores, jardineros, cocineros, empleados de comercio, obreros cualificados del metal y del sector de la construcción, cajeros, empleados de gran superficie o carniceros.

Para las empresas de cinco empleados o menos se prevé el "cheque-empleo", que simplifica todos los trámites administrativos. Por último, la Administración se compromete a levantar restricciones que impedían contratar a mayores de 50 años y a crear un dispositivo de inserción para jóvenes sin cualificación.