Los pilares de la ciencia
El rápido progreso español desde país proveedor de mano de obra barata a país con mano de obra altamente cualificada nos aboca a generar empleo y riqueza a través de la innovación y, para ello, la creación de conocimiento. A este objeto es esencial potenciar la investigación científica, aspirando a elevar el gasto de I+D al 3 % del PIB como marca la Estrategia de Lisboa (http://europa.eu.int/growthandjobs/areas/fiche05_en.htm). España parte rezagada desde una inversión en torno al 1 % del PIB, por lo que no sorprende que una reciente evaluación de indicadores de competitividad sitúe a nuestro país en el puesto 38 del ranking internacional (www01.imd.ch/wcc/ranking/).
El Gobierno afronta este reto con el objetivo de alcanzar el 2 % del PIB [producto interior bruto] durante la presente legislatura, un esfuerzo absolutamente necesario. Pero el gasto en I+D es solo uno de los tres pilares del crecimiento científico, que requiere de un esfuerzo acompasado en los otros dos pilares de la ciencia: la mejora del tamaño y preparación de la comunidad científica y el continuo estímulo de su calidad y competitividad a través del fomento de la excelencia y la creatividad.
Se debería recurrir a evaluadores externos a la comunidad científica española
La mejora de la calidad de nuestras universidades debe ser motivo de reflexión
El número de investigadores científicos en nuestro país es sensiblemente inferior a la media europea, particularmente si se consideran solo aquéllos que pueden demostrar de forma objetiva alguna actividad investigadora. Se debe pues destinar una parte significativa del aumento en gasto en I+D a la creación de nuevos puestos de trabajo. Para que esto sea efectivo es imperativo fomentar la cultura científica de nuestra sociedad y, en particular, la preparación científica de nuestros jóvenes universitarios.
La constatación de que sólo una universidad española, la Universidad Autónoma de Madrid, se encuentra -en el puesto 159- en el ranking de las 500 mejores universidades en el mundo (www.thes.co.uk/worldrankings/) es, en este contexto, alarmante.
La mejora de la calidad de nuestras universidades debe ser motivo de reflexión para todos: los ciudadanos que con sus impuestos financian estas instituciones; los estudiantes que confían en ellas para su formación; los profesores universitarios responsables de ésta; los investigadores que han de formar como científicos a los nuevos licenciados; los equipos de gobierno que reglan el funcionamiento de las universidades y los gobiernos (autonómicos y estatales), a quienes la sociedad ha de exigir que nuestras universidades ofrezcan la máxima calidad. Está claro que nos queda mucho camino por recorrer, ante todo porque el primer paso para resolver un problema es reconocer que existe.
Pero contar con una comunidad científica bien formada y capaz sigue sin ser suficiente garantía, pues es esencial incentivar su excelencia y creatividad, haciendo de estas cualidades los condicionantes principales del acceso a los recursos de I+D. Este tercer pilar del progreso científico, que ha de asegurar el uso eficiente de los recursos para I+D, se sitúa en un nivel de desarrollo penoso en nuestro país, provocando una cojeara aparatosa en nuestro sistema de I+D.
Por ejemplo, este mecanismo exige que sólo se financien los mejores proyectos de investigación en cada área de conocimiento. El Plan Nacional de I+D, principal mecanismo de financiación de la investigación científica en España, aprueba aproximadamente entre un 45% y un 50% de las propuestas que recibe. Esta cifra es escandalosamente superior a la de las habituales en países desarrollados (pro ejemplo EEUU, Suecia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Australia, Francia y Portugal), donde la tasa de éxito se sitúa entre el 10 % y el 25 % de los proyectos presentados.
La generosa evaluación de proyectos en España no se corresponde con la disponibilidad de recursos para financiarlos, que suponen aproximadamente una cuarta parte de los fondos solicitados (45%, según datos publicados es Memoria de Actividades I+D+I 2002, Ministerio de Ciencia y Tecnología). La consecuencia es un recorte draconiano de los recursos asignados a los proyectos aprobados, que reciben, en promedio, una tercera parte de la financiación solicitada (según datos publicados es Memoria de Actividades I+D+I 2002, Ministerio de Ciencia y Tecnología), mermando sus posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos. El Plan Nacional de I+D mide, tradicionalmente, su éxito por el número de proyectos aprobados y el número de investigadores implicados en ellos), no por su calidad ni sus resultados, que raramente se evalúan.
El principio de café para todos en la distribución de recursos de I+D, reflejado en la insuficiente financiación de muchos proyectos de investigación, prevalece en la financiación científica pública española, reflejándose en otros mecanismos del sistema. Así los investigadores no puedan participar en más de dos proyectos simultáneamente, independientemente de su capacidad y dedicación a la investigación (completa o compartida con la docencia), y la calidad de los proyectos, toda vez acordada su financiación, no se considera para priorizar el acceso a grandes infraestructuras deficitarias en nuestro país (por ejemplo los buques oceanográficos).
La política de café para todos detrae del progreso en la calidad científica de las propuestas, pues cercena las diferencias entre las oportunidades de financiación de propuestas mediocres y excelentes. La escasa exigencia del Plan Nacional de I+D genera un clientelismo de investigadores, que de haberse sometido a procesos de selección más exigentes estarían mejor capacitados para competir con éxito en las convocatorias del Programa Marco de I+D de la Unión Europea, que con un 10-15 % de tasa de éxito supone un mecanismo de financiación muy exigente. La consecuencia es que los contribuyentes españoles financian con sus impuestos, a través de la aportación española a la CE, la investigación en países como el Reino Unido, habituados a competir en sistemas de I+D más exigentes.
El aumento del nivel de exigencia, conjugado con programas para estimular la participación de investigadores noveles, es condición necesaria para mejorar nuestro sistema de I+D y la competitividad de nuestra comunidad científica. Es además un reto asumible por la comunidad científica española, que ha progresado enormemente en los últimos 20 años. Así, por ejemplo, España se sitúa en el número 12 del ranking de naciones en cuanto a la producción de artículos científicos de alto impacto, con un 2% del total mundial (King, D.A. 2004, Nature 430: 311-316).
Este progreso no se ha acompañado de un progreso paralelo en nuestros sistemas de evaluación, que se encuentra estancado. Las propuestas presentadas al Plan Nacional de I+D son evaluadas a través de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (wwwn.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=anep&id=20 ) y el propio Plan Nacional de I+D por investigadores españoles, mientras que países con sistemas de I+D más exigentes (como el Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Holanda, Portugal, etcétera) recurren a investigadores extranjeros.
Esta práctica minimiza la contaminación del proceso de evaluación por actitudes corporativistas y conflictos de intereses inevitables en comunidades científica pequeñas, como la nuestra, en que las propuestas a evaluar pertenecen, inevitablemente, a investigadores amigos o, peor aún, competidores directos.
Los conflictos de intereses, concretados en frecuentes relaciones de amistad o enemistad entre evaluados y evaluadores, son prevalentes en nuestro sistema de I+D y contaminan tanto los procesos de selección de personal científico como los procesos de asignación de recursos, con la resignada aceptación de esta situación como un mal inevitable por todos los actores de nuestro sistema de I+D. Esta resignación supone que es ilusorio esperar que los conflictos de intereses se resuelvan por la responsabilidad personal de los implicados y se debe optar, como hacen sociedades con tradiciones científicas más exigentes, por mecanismos que eviten que estos conflictos ocurran.
Se debería recurrir a evaluadores externos a la comunidad científica española para la evaluación de nuevos investigadores, propuestas de investigación y centros de investigación. El proceso iniciado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) al someter la actividad investigadores de cada uno de sus 116 institutos de investigación a evaluación por paneles integrados por investigadores extranjeros de prestigio es un paso en el sentido apropiado, que debiera extenderse a otros ámbitos.
La solución de los problemas enunciados en cada uno de los tres pilares de la investigación científica exige de voluntad política. El aumento de los recursos públicos disponibles para I+D es parte del programa del Gobierno de la nación. La cojera de nuestro sistema de I+D derivada de desequilibrios entre los tres pilares que la sustentan es particularmente penosa, porque resolverla no requiere de recursos sino de voluntad política y claridad de objetivos.
Lamentablemente, las directrices del Gobierno en política científica son aún desconocidas. La aparente conformidad con el sistema actual de los responsables directos de formularla y ejecutarla y el resignado silencio de los investigadores no hacen albergar grandes esperanzas de que se afronten los problemas aquí señalados. Sin una actuación global sobre los tres pilares de la ciencia, el esfuerzo de la sociedad española para aumentar sustancialmente los recursos públicos para I+D no llegará a generar los réditos esperados, con el coste que esto conllevará para la competitividad de nuestro país.
Carlos M. Duarte Quesada es profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados de Esporles (islas Baleares) y miembro de la Academia Europea
