Murcia, convencida de que recibirá agua del Tajo para riego y consumo

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el trasvase del Tajo al Segura más polémico desde 1995 y que no dejará satisfecha a ninguna de las partes: Castilla-La Mancha se opone a un trasvase para riego y Murcia lo considera imprescindible. La Comunidad de Murcia (Gobierno y oposición) está convencida de que recibirá agua para consumo y riego, aunque menos de lo que piden los regantes. Castilla-La Mancha confía en que José Bono les represente y los socialistas de Murcia presionan bajo cuerda a Medio Ambiente.

La decisión amenaza con ser tan salomónica como polémica. El Gobierno debe decidir el caudal de agua que llevará el trasvase del Tajo a Murcia los próximos tres meses. La decisión normalmente la toma la Comisión de Explotación del Trasvase, pero si los embalses de los que parte el acueducto almacenen menos de 554 hectómetros cúbicos de agua, la decisión recae en el Consejo de Ministros, algo que no ocurre desde 1995. Actualmente, estos embalses tienen 521 hectómetros (el 21% de su capacidad) y los del Segura, al 15,6%.

Las peticiones en cada comunidad no pueden ser más dispares. La Comisión de Explotación del Tajo pidió un trasvase de al menos 69 hectómetros (40 para consumo y 29 para riego); el Gobierno de Murcia pide 120; la Confederación Hidrográfica del Segura, 101, y los regantes, 160. Mientras, Castilla-La Mancha se opondrá a cualquier trasvase de más de 30 hectómetros, lo que calculan que Murcia necesita para consumo.

El Ministerio de Medio Ambiente no ha dado la cifra que propondrá ni a algunos de sus cargos. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha anunciado que el trasvase "será prudente", pero también, que si se pierden los frutales de Murcia, la región tardaría años en recuperarse. El ministerio ha admitido que la decisión "será política, no técnica".

La Comunidad Murcia está convencida de que el envío será más corto de lo que piden, pero que incluirá una parte para riego. Los socialistas aseguran que el trasvase "estará entre 69 y 100 hectómetros", según fuentes de la Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del ministerio. Los socialistas murcianos han hecho lobby durante estas semana en favor del trasvase para contrapesar la influencia que le atribuyen al ministro de Defensa y ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono. El secretario general del PSOE en Murcia, el diputado Pedro Saura admite haber conversado sobre el tema con responsables del Gobierno. Otros dirigentes socialistas se han entrevistado con la titular de Agricultura, Elena Espinosa, quien, según ellos, es favorable a sus tesis. Los socialistas de Murcia reconocen que un trasvase escaso les hundiría electoralmente, mientras que a Barreda "la guerra le beneficia aunque salga agua porque ha demostrado que se enfrenta al Gobierno por los suyos". El Gobierno de Murcia, del PP, ha remitido una carta al Gobierno pidiendo el agua.

Castilla-La Mancha, por su parte, presiona para rebajar el caudal. "No me atrevo a hacer un pronóstico, pero esperamos que la decisión sea prudente. Si no, nos podemos quedar sin agua para beber en unos meses", afirmó ayer el consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha, el socialista Máximo Díaz Cano. Fuentes del gobierno castellanomanchego admiten que tienen depositadas esperanzas en que Bono "explique en la reunión cuál es la situación de los embalses de cabecera y los problemas que acarrearía un nuevo trasvase".

Bono se opuso en 1995 al último trasvase que decidió el Gobierno. Fue en 1995, con los embalses de cabecera casi vacíos (menos de 200 hectómetros frente a los 521 actuales), cuando el entonces ministro de Obras Públicas, José Borrell, convenció al Gobierno para aprobar un trasvase de 55 hectómetros. Bono pactó después con el Gobierno del PP las normas que impiden trasvasar si los embalses tienen menos de 240 hectómetros.

La decisión del Consejo de Ministros dejará insatisfechos a todas las partes, según fuentes de Medio Ambiente. El ministerio incluso ha estudiado complementar el trasvase con agua del embalse de Alarcón, en Valencia. El trasvase pasa por ese embalse. Tomar parte del agua de allí plantea problemas jurídicos, según fuentes del ministerio.