Blasco reitera que hará cumplir la ley urbanística en el 'caso del Atrium'
El consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, insistió ayer en la voluntad de su departamento de restituir la legalidad urbanística en el hotel Atrium Beach, levantado en la cala de Finestrat, con un exceso de volumetría de 53.000 metros cuadrados -equivalente a 11 plantas- sobre el máximo autorizado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de La Vila Joiosa. "En dos meses finaliza el plazo legal para que la sanción del Consell [Territorio y Vivienda ha impuesto una multa de 12 millones de euros a la empresa promotora] se ejecute con todas las garantías jurídicas", afirmó Blasco. El consejero aseguró que el Consell será "absolutamente estricto" con el cumplimiento de la legalidad urbanística. "Éste [el ilegal hotel Atrium] es, asimismo, un claro ejemplo de la política de tolerancia cero frente a los abusos urbanísticos aplicada por el Consell", remarcó Blasco.
El consejero hizo estas declaraciones tras trascender que el Ayuntamiento de La Vila, gobernado por el PP, ha multiplicado por seis la edificabilidad asignada en la vigente ordenanza del Plan Parcial de La Cala a tres parcelas cedidas por el propietario del hotel a cambio de legalizar el complejo. El coeficiente de la ordenanza (el 0,35) apenas compensaría el 30% del exceso de obra. Mientras, el índice finalmente otorgado en el Plan de Reforma Interior de Mejora (PRIM) -instrumento urbanístico arbitrado por el Ayuntamiento para solventar la infracción urbanística-, el 1,90, sí contrarrestaría lo construido fuera de ordenación. El período de alegaciones al documento finaliza mañana.
Los grupos de la oposición denuncian que el Ayuntamiento obvia su propia norma urbanística al redactar el PRIM y han solicitado a la Comisión Territorial de Urbanismo un dictamen sobre la legalidad de la edificabilidad asignada a las parcelas permutadas.
Bonificación hotelera
El dueño del Atrium, el promotor Francisco García, ha presentado alegaciones al PRIM que, en síntesis, resaltan "situaciones anómalas" del documento como la suspensión de la bonificación en construcción para hoteles y el hecho de imputar a la promotora obras ejecutadas por los propietarios de los apartamentos. "No se entiende que se atribuya ese exceso de edificabildiad a la promotora, dado que se trataría de incumplimientos realizados por terceros sobre inmuebles de propiedad distinta", recoge la mercantil en su escrito de alegaciones.
El empresario insiste en que las obras del Atrium Beach están amparadas por dos licencias urbanísticas, la primera otorgada expresamente en 1999 y, una posterior, por silencio administrativo, en 2001.
El colectivo de propietarios del complejo turístico Atrium Beach ha presentado igualmente alegaciones al PRIM denunciando que, a su juicio, "la propuesta "no baja la densidad del sector, sino que la incrementa".
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