Villepin-Sarkozy, primer asalto

El presidente francés, Jacques Chirac, se vio obligado ayer a implicarse en el primer encontronazo de una cierta entidad que se produce entre el primer ministro, Dominique de Villepin, y el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy. Este último pidió que se castigara al magistrado que concedió la libertad condicional a un condenado a cadena perpetua a quien se atribuye el asesinato de una madre de familia.

Ante la indignación del estamento judicial, Villepin salió en defensa de la independencia de la justicia. Chirac pidió que se revisase "lo antes posible" la legislación sobre la libertad condicional y las reducciones de pena, aunque abogó por la defensa de la separación de poderes.

Ante la indignación de los magistrados, Villepin salió en defensa de la independencia judicial

El jefe del Estado parecía así dar su visto bueno a las últimas intervenciones de abierto carácter populista que protagonizó Sarkozy en los últimos días. El ministro del Interior visitó, el pasado lunes, la localidad de La Courneuve, en la periferia parisiense, donde murió un niño por una bala perdida en una disputa entre delincuentes. Sarkozy prometió entonces "limpiar" los barrios problemáticos "con mangueras de presión si hace falta". Ante las críticas por usar estos términos, respondió: "Yo digo la verdad a los franceses, yo hablo como el pueblo".

En su siguiente intervención pública, Sarkozy dio un paso más arriesgado, al pedir una sanción contra el juez que puso en libertad condicional hace dos años a Patrick Gateau, un asesino convicto y condenado a la pena máxima de reclusión, y al que se acusa ahora de ser uno de los autores del asesinato de una madre de familia. Según el ministro del Interior, había que hacer "pagar" al magistrado que "osó liberar a ese monstruo".

El estamento judicial reaccionó unánimemente contra este ataque de Sarkozy a su independencia. Pascal Climent, el ministro de Justicia, se limitó a decir que la decisión de conceder la libertad condicional a Gateau se había hecho de acuerdo con el procedimiento penal. Ayer, finalmente, Villepin se erigió en adalid de la separación de poderes y aseguró que "nada puede cuestionar la independencia de la justicia". El primer ministro defendió a los tres magistrados que colegiadamente habían tomado la decisión de aplicar la ley "basándose en la opinión de expertos", pidió "serenidad" y aseguró que estará "muy vigilante" en la defensa de los "principios fundamentales de la democracia".

La más alta instancia del poder judicial, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), envió una carta al presidente Chirac -garante constitucional de la independencia judicial- en la que le transmitía su preocupación porque las palabras del ministro del Interior pudieran "lesionar la autoridad de la justicia". Chirac les respondió que velará por este principio, añadiendo, sin embargo, en una clara mirada de apoyo hacia Sarkozy y su política de mano dura contra los delincuentes reincidentes, que va a solicitar "lo antes posible" una revisión de la legislación sobre el cumplimiento de las penas y las medidas carcelarias.

"Hay que modificar nuestro Derecho en este ámbito y reforzar la seguridad, de la que deben beneficiarse nuestros ciudadanos", declaró el jefe del Estado en su carta al CSM, mientras recordaba que el "respeto a la independencia de la justicia" y a la "separación de poderes" es un bien "intangible y esencial para el buen funcionamiento de las instituciones".

La lección que saca la gobernante Unión por un Movimiento Popular, que preside el propio Sarkozy, es que la derecha francesa debe recuperar el saco de votos que ahora ostenta el Frente Nacional (FN). El FN insiste en los temas que más atraen a esta clientela, entre ellos el de la seguridad, un campo que ya dio juego a Chirac en las presidenciales de 2002, y se convirtió en una de las causas de la derrota del socialista Lionel Jospin.