La comisión mixta aprueba el texto de la Carta Municipal y pide al Gobierno que lo convierta en ley

La comisión mixta formada por representantes del Gobierno catalán y el Ayuntamiento de Barcelona se reunió ayer para aprobar el texto del proyecto definitivo de la Carta Municipal. Una vez aprobado, el Ejecutivo que preside Pasqual Maragall debe remitirlo al Ministerio de Administraciones Públicas, que iniciará los trámites para convertirlo en ley. La comisión mixta reprodujo las actitudes ya conocidas de los grupos políticos: por parte del Gobierno catalán hubo apoyo pleno al texto, cuatro grupos municipales expresaron su voto favorable (los tres que forman el gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona y CiU) y el PP se abstuvo.

El alcalde de Barcelona, Joan Clos, valoró ayer la actitud del PP al no votar en contra y anunció su voluntad de ampliar el acuerdo que hay en torno al texto que determinará las competencias de Barcelona. Una vez que el Gobierno central dé su aprobación al texto, lo que, según Clos, se producirá respetando las modificaciones introducidas en Barcelona, deberá ser enviado al Congreso para que sea votado como ley.

Paralelamente, el Congreso estará en esos días discutiendo para su aprobación la ley del poder judicial. Esto debe permitir, explicó Clos, que se incluyan en ella los asuntos relativos a la justicia de proximidad que ya establece la carta. Este mismo método, explicó el alcalde de Barcelona poco después de la reunión de la comisión mixta, será el seguido con las modificaciones de leyes orgánicas: la ley de la Carta preverá su modificación en tramitaciones futuras. Con ello se consigue que entre en vigor un texto con relativa rapidez, aunque quede pendiente de adaptaciones legales posteriores que, si se pretendieran tramitar a la vez, exigirían un tiempo notable. Clos aventuró que en septiembre el proyecto puede estar en el Parlamento y que su discusión posterior dependerá del calendario parlamentario, aunque un acuerdo amplio contribuiría a acortarlo.

Asimismo Clos explicó que, en lo relativo a la financiación, hay cláusulas precautorias a la espera de que quede el modelo definido tras la aprobación del Estatut.