El crimen del 13-M

La familia de la víctima y los partidos nacionalistas consideran que fue un crimen político. Para el fiscal jefe del Tribunal Superior navarra, Javier Muñoz, una simple "riña entre vecinos". Los autores reconocen que atravesaban un estado de "miedo e ira" tras la matanza del 11-M, que derivó en un "acto de locura". Un jurado compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres juzga desde el miércoles en la Audiencia de Pamplona el asesinato del panadero Ángel Berrueta a manos de un policía nacional y su hijo. Una puñalada mortal en el hígado y cuatro disparos a quemarropa acabaron con su vida.

Los hechos se produjeron el 13 de marzo de 2004, apenas 48 horas después de los atentados de Madrid. El detonante fue un cartel con el lema "ETA no" que una mujer, Pilar Rubio, esposa del policía, colocó en el escaparate del tendero, del que era vecina. "Yo creía ingenuamente, como casi todo el mundo, que ETA era la culpable del 11-M", testificó.

El panadero, de 60 años, simpatizante de la izquierda abertzale, pertenecía a Gurasoak, la asociación de familiares de presos por kale borroka. Dos de sus cuatro hijos habían sido detenidos acusados de quemar contenedores, aunque luego fueron declarados inocentes.

El cartel como detonante y, según han declarado ante el tribunal, el 11-M y ETA como condicionantes de una actuación de la que Valeriano de la Peña, de 45 años y su hijo, Miguel, de 19, se reconocen autores. "Me trastorné", dijo en la vista el agente, con 23 años de antigüedad en el cuerpo. "Esos días estaba nervioso, tenía miedo e ira", añadió.

De la Peña calificó al panadero como "proetarra" y salpicó su declaración con frases como "ya sabíamos a qué se dedicaba" y "tenía miedo cada vez que salía a trabajar porque me lo encontraba". Su esposa alegó que la víctima les "vigilaba" y que su estancia en el barrio "era horrible" porque carecía de amigos y había "más etarras".

El agente reconoció que el día de autos había bebido dos cervezas y tomado un tranquilizante porque estaba "muy preocupado tras lo ocurrido el 11-M". Su defensor ha insistido en que la familia se sentía "presionada" por el entorno social y padecía el "síndrome del Norte". El policía ha exculpado a su esposa y su hijo, del que la defensa asegura que tiene una edad mental de apenas 11 años. Las acusaciones sitúan a Pilar Rubio, no obstante, como inductora de los hechos.

En la llamada al 091 que De la Peña hizo desde su casa tras el crimen habló de "problemas personales" con Berrueta. En el sumario constan declaraciones suyas en las que sugiere que su esposa "le calentaba todos los días la cabeza" con el panadero. Rubio testificó que Berrueta y ella "se ignoraban mutuamente" y negó la inducción. "Por esta gente no merece la pena mancharse las manos ni con una gota de sangre", aseveró secamente en la sala.

La fiscalía pide 18 años de cárcel para los dos acusados y 160.000 euros de indemnización para la familia del fallecido, pero no imputa delito alguno a la esposa del agente. La acusación particular eleva a 20 años la solicitud de cárcel para los autores materiales del crimen, así como para la mujer, mientras que Gurasoak solicita 25 años de cárcel para cada acusado.

La vista prosiguió ayer con la declaración testifical de varios de los policías que llegaron primero al lugar de los hechos después de la muerte de Berrueta.