Los "planes antifamilia" de la Junta de Andalucía

Hasta este curso 2004-2005 unas 35.000 familias andaluzas han venido disfrutando de plaza bonificada en centros socioeducativos públicos o concertados; de ellas, casi la mitad, se beneficiaban de una bonificación del 100%. Esta situación ha facilitado enormemente la conciliación de la vida familiar y laboral de familias con recursos económicos limitados.

Sin dar una explicación coherente, la Junta de Andalucía ha decidido recortar drásticamente algunas de las medidas de mayor calado social contempladas en el Plan de Ayuda a la Familia. A la supresión de las ayudas para comprar ordenadores o para la adquisición de libros de texto, se le une un inexplicable recorte de las bonificaciones dirigidas a las familias con las rentas más bajas, junto a una modificación a la baja de las prestaciones de los centros socioeducativos, menoscabando de paso los derechos laborales de los profesionales que trabajan en ellos.

Con los cambios introducidos en el decreto, solo unos cientos de familias andaluzas podrán disfrutar de una plaza bonificada. El resto tendrá que pagar por cada hijo, una media mensual de 60 euros, cuando antes pagaba un máximo de 24 euros. En esta situación se encuentran todas aquellas familias con uno, dos o tres hijos, que obtengan unos ingresos anuales brutos inferiores a 12.000 euros. Es decir, una familia que se dedica a la venta ambulante que tiene unos ingresos limitados y discontinuos, con tres hijos, pasará de pagar un máximo de 62 euros a 180 euros mensuales.

Esta inexplicable decisión ha concitado la oposición de los padres y de la Coordinadora Regional de Escuelas Infantiles. Ambos colectivos coinciden en señalar que la medida afectará fundamentalmente a los más débiles desde el punto de vista socioeconómico, provocando entre otros aspectos que muchas familias con escasos ingresos no puedan enviar a sus hijos a las guarderías, que la mujer o su pareja no pueda trabajar y que se vulneren los derechos del niño al poner obstáculos, en muchos casos insalvables, a su escolarización.

La Consejería para la Igualdad ha tratado de justificar estos recortes claramente antisociales afirmando que se ha incrementado la oferta de plazas, cuestión que más adelante comentaremos; sin embargo, nadie entiende que este pretendido aumento se haga a costa de las familias más humildes, máxime teniendo en cuenta la ingente cantidad de dinero que dedica la Junta de Andalucía a publicitar sus políticas.

En lo referente al aumento de plazas de guardería, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social tampoco ha cumplido sus promesas. En el curso 2002-2003 se matricularon 25.386 niños en guarderías públicas y concertadas. En este curso que finaliza la Consejería ha afirmado que se matricularon 36.145 niños. El aumento real ha sido de 10.759 plazas en tres cursos, lo que nos da una media de 3.586 plazas/año, paupérrimo balance en una parcela fundamental desde el punto de vista sociolaboral, máxime cuando la filosofía del Plan de Familia estaba encaminada a duplicar las plazas de un año para otro y sobre todo, a procurar que ninguna familia andaluza que lo demandara y tuviera derecho, no pudiese acceder a una guardería pública o concertada.

Por eso, a la falta evidente de plazas en toda nuestra Comunidad Autónoma, apreciamos también un enorme desequilibrio entre las provincias, incluso entre zonas y ciudades de una misma provincia, donde la tasa de cobertura alcanza cantidades ridículas. Este hecho provoca en la práctica una situación de discriminación para las familias en función del lugar en donde viven.

La Junta de Andalucía solamente ha sido capaz de ofertar plazas en 353 de los 769 municipios que tiene Andalucía. Esta cifra supone el 45,9% del total de municipios andaluces, por lo que las familias que viven en los restantes 416 municipios (el 54,1%) no disponen a estas alturas de una sola plaza pública o concertada. Tampoco es razonable que en 34 municipios andaluces de más de 5.000 habitantes, no exista una sola guardería pública o concertada.

El Partido Popular ha pedido a Chaves y a la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, que admitan su error, que escuche a los afectados y dialogue con ellos, cosa que hasta ahora no han hecho, y deje sin efecto unos recortes injustificados y claramente antisociales. Es cierto que Andalucía tenía un Plan de Familia, pero con los recortes introducidos, éste se halla cada vez más lejos de las necesidades y aspiraciones de las familias andaluzas.

Santiago Pérez es secretario regional ejecutivo de Educación del Partido Popular de Andalucía.