Las administraciones públicas desbloquean el despliegue de nuevas antenas de móvil

El Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han pactado el desbloqueo del conflicto por el despliegue de las antenas de telefonía móvil, mediante la creación de un comité técnico, que servirá de órgano de mediación para todas las partes implicadas. El comité será también un órgano de consulta técnica y sanitaria, para la instalación segura y rápida de antenas. Dentro del acuerdo figura también la creación de un procedimiento para unificar todos los trámites administrativos para montar una antena, que ahora tardan casi dos años de media.

El Ministerio de Industria ya tiene una solución para el largo conflicto que vienen arrastrando las compañías de telefonía móvil por las dificultades que les ponen las distintas administraciones para el despliegue de antenas. El departamento que dirige José Montilla va a crear un Comité Técnico de Seguimiento del Despliegue de Infraestructuras de Radiocomunicación, que servirá de órgano mediador, y vigilará el despliegue ordenado de estas redes de comunicación.

En este comité, cuya creación será anunciada previsiblemente esta semana, estarán representantes del Gobierno central, comunidades autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Asociación Española de Empresas de Electrónica Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones.

Este comité será el encargado de articular medidas y proponer soluciones que faciliten el despliegue ordenado y seguro de estas instalaciones. Entre sus tareas figura la de proporcionar a las administraciones locales, a las empresas y a los colectivos ciudadanos un referente técnico, legal y sanitario de consulta.

Aunque no hay cifras oficiales, se estima que actualmente hay 27.000 antenas desplegadas por toda España, y que se necesita la instalación urgente de al menos otras 5.000 para asegurar un buen nivel de cobertura.

Estas necesidades crecerán más aún a medida que se tiendan las redes que soportan la telefonía de tercera generación (UMTS), que permite facilidades como la videollamada. Las operadoras estiman que precisan al menos de 20.000 antenas para cubrir todo el territorio, aunque la mayor parte de ellas se instalarán en los mismos emplazamientos.

Asimismo, Industria, comunidades autónomas, ayuntamientos y compañías han logrado consensuar un "procedimiento de referencia único", con el fin de unificar y simplificar todos los trámites administrativos y los plazos que les exigen las distintas administraciones para colocar una antena, con la consiguiente demora.

El objetivo que se persigue es reducir la tramitación de todo el procedimiento administrativo a seis meses y medio frente a los 18 meses de media que dura en la actualidad, aunque en algunos casos se prolongue hasta cuatro años, como ocurre en Baleares.

Dentro de esta agilización, se permitirá a las compañías que presenten paralelamente el proyecto técnico a Industria para su aprobación y la solicitud de obtención de licencia para la instalación al ayuntamiento pertinente.

Y es que el principal problema al que se enfrentan ahora las operadoras es que deben ir acumulando permisos de las distintas administraciones para obtener a su vez otros permisos. En el momento en que algún permiso se retrasa, se demora todo el proceso.

Entre los permisos necesarios para instalar una antena figuran, la presentación de un plan de despliegue (a escala nacional, regional y local), certificados técnicos de cada instalación, informe de inspección de industria, licencias de obra, apertura y actividad y, en muchos casos, informe de impacto medioambiental.