Conde-Pumpido dice que en la fiscalía los cargos no deben ser "vitalicios"

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, defendió ayer el nombramiento de Juan Ignacio Campos como fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sustitución de Eduardo Torres-Dulce, que no ha sido renovado tras cumplir sus cinco años de mandato, y dijo que los cargos no deben ser "vitalicios".

Conde-Pumpido recordó que de los últimos nombramientos de fiscales, tres beneficiaron al sector conservador -José María Lombardo, promovido a teniente fiscal Antidroga; José María Casadevall, renovado como fiscal jefe de Girona y Javier de Torres, en comisión de servicio en la Fiscalía Antidroga-; dos fueron para no asociados -Paloma Iglesias Moreno, promovida al Tribunal Supremo, e Isabel Rodríguez Mateo, a la Inspección- y otros dos al sector progresista -Juan Ignacio Campos, fiscal de Sala, y Carlos Castresana, a la plantilla del Tribunal Supremo-. Por ello, el fiscal general entendió que el resultado de los nombramientos fue "bastante plural" y animó a "no fijarse en que uno solo no beneficie a una asociación", en alusión a Torres-Dulce, dirigente de la conservadora Asociación de Fiscales.

Asimismo, recordó que la renovación de los cargos fiscales se debe a una ley promulgada por el Partido Popular, que consideró "acertada" porque, en su opinión, estos puestos "no deben ser vitalicios".

Conde-Pumpido añadió que es lógico que el fiscal general tenga ahora "las manos libres para decidir con su criterio" porque así lo dice la ley, y defendió además que los cambios "implican siempre renovación y apuesta por el futuro".

El fiscal del Estado se pronunció sobre la petición de una ley anti-libelo por parte del presidente de la Diputación de A Coruña, Salvador Fernández Moreda, durante la inauguración de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal e indicó que "uno puede expresar cualquier discrepancia, pero sin recurrir al insulto". En ese sentido, Conde-Pumpido agregó que la Fiscalía ha presentado ya un recurso de casación contra la absolución de Arnaldo Otegi por haber llamado al Rey "jefe de los torturadores".