Reino Unido y Polonia urgen a poner en marcha la liberalización del sector servicios

El espinoso asunto de la directiva sobre la liberalización del sector servicios (o directiva Bolkestein) volvió ayer a la mesa de la UE tras el parón impuesto por la polémica desatada en Francia sobre este asunto en plena campaña por el referéndum de la Constitución europea. Los ministros o secretarios de Estado de Asuntos Europeos retomaron ayer en Luxemburgo este debate y algunos países dejaron claras sus posiciones. Polonia y Reino Unido urgen a acelerar las negociaciones, pero Francia y Bélgica prefieren esperar. Mientras, las enormes diferencias salariales de los 25 países de la UE, publicadas por Eurostat, dan alas al temido dumping social que esta norma podría facilitar en el futuro.

El proyecto de directiva de servicios que la Comisión Europea puso sobre la mesa hace año y medio establece que en la UE debe haber libertad de prestación de servicios y que cuando éstos se presten de forma temporal, si no hay establecimiento en el país de acogida, las normas y derechos que deben imperar son los del país de origen. Tal principio facilitaría, por ejemplo, que un fontanero letón preste un servicio en Alemania por un salario que, como bien indica Eurostat (oficina estadística comunitaria), es sólo el 10% del sueldo habitual en suelo alemán.

Los representantes de los 25 países de la UE aprovecharon ayer el almuerzo previo al Consejo de Competitividad, en Luxemburgo, para abordar este asunto que, dadas las circunstancias políticas, había quedado aparcado. Las posiciones fueron meridianamente claras. Algunos países prefieren esperar a que el Parlamento Europeo se pronuncie en octubre próximo, en un grupo que lideran Francia y Bélgica, pero en el que también está Alemania. Otros países, entre los que están Reino Unido y Polonia, prefieren acometer ya los trabajos que desbloqueen el proyecto.

El pleno de la Eurocámara debatirá y votará en octubre el informe elaborado por la alemana socialista Evelyne Gebhardt en el que propone suprimir el principio de país de origen por el de país de acogida. Ese primer principio indica que en una empresa que presta en otro país de la UE sus servicios deben prevalecer las disposiciones propias del país del que procede (estándares de calidad del servicio prestado y normativa laboral). En cambio, el informe de Gebhardt propone que esa mencionada empresa cumpla las normas del país de acogida. Propone también que los países armonicen sus legislaciones nacionales y que los servicios públicos de interés general, como la educación o la sanidad, queden fuera del proyecto.

Los datos de Eurostat sobre la enorme diferencia salarial en Europa, especialmente grande tras la incorporación de los países del Este, dificultan el acuerdo en este asunto. El primer ministro polaco, Marek Belka, ha indicado que una solución sería la de aplicar el principio de país de origen de forma progresiva.

La directiva trata de liberalizar el sector en todo el territorio de la UE facilitando el establecimiento en otros países y la prestación de servicios en general. Para ello prevé facilitar los trámites administrativos y derribar los obstáculos proteccionistas. Reino Unido, que presidirá la UE a partir del 1 de julio próximo, podría acelerar las negociaciones.