Entre el miedo y la rabia

"Se veía venir". Esta frase, repetida de forma constante por muchos vecinos, resume en gran parte el porqué de la crispación que, más allá de la tristeza por el asesinato en la madrugada del 29 del joven Josep Maria Isanta, ha convertido esta semana a Berga en protagonista de las crónicas periodísticas. Berga es una pequeña ciudad catalana de 16.396 habitantes situada a 107 kilómetros de Barcelona.

Ahora está dominada por dos sentimientos. Por una parte, el miedo a los agresores, algunos con antecedentes y relacionados con el tráfico de drogas; por otra, las tensas relaciones que existían desde hacía tiempo entre los Mossos d'Esquadra y un sector de los jóvenes de la población que era, si no compartida, en muchos casos sí comprendida por sus mayores. A los mossos se les ha acusado de pasividad frente a los delincuentes y de excesiva dureza con las infracciones del colectivo juvenil, un sector del cual es contrario e irrespetuoso con la autoridad. Los porrazos que recibieron en noviembre varios jóvenes durante una redada antidroga en la que hubo sólo un detenido no contribuyeron a mejorar la relación.

Muchos vecinos de esta pequeña ciudad catalana creen que los incidentes eran previsibles porque los agresores eran un grupo violento conocido

Una plataforma cívica y la policía autonómica se han reunido para intentar mejorar las relaciones entre los jóvenes y las fuerzas de seguridad

"Lo que ahora hace falta no es más policía, sino muchas sesiones informativas para explicar y demostrar a la población que la actuación el día del lamentable asesinato fue la correcta, porque llegamos en pocos minutos una vez se localizó el lugar de la agresión, y que nuestro objetivo ha sido siempre dar el servicio de seguridad a los ciudadanos", explicó Miquel Esquius, jefe de la región central de los mossos, a la salida de la reunión que mantuvo el pasado viernes en un hotel con los representantes de una plataforma cívica que aglutina a un centenar de entidades que se ha creado para actuar como intermediaria entre los sectores enfrentados. "El objetivo es poder volver a la normalidad lo antes posible", explicaba Joan Ramon Bella, que no ha podido soportar la presión y ha dimitido como portavoz de la plataforma. "Es verdad que había preocupación por la situación y que incluso algunas entidades habíamos pedido antes de los hechos una reunión con las autoridades porque queríamos más seguridad, pero lo que no puede ser es que los mossos sean los malos de la película, porque eso no es así. Tienen que cumplir su función y recuperar el respeto de la población". El problema, reconoce, es que las versiones de unos y otros sobre los hechos no coinciden y además los jóvenes siguen en pie de guerra. Ayer mismo convocaron otra concentración.

La ciudad, poco a poco, ha ido recuperando la calma, pero la tensión está latente y nadie da por cerrado el conflicto. Muchos vecinos aún están divididos entre el miedo y la rabia que les ha hecho clamar venganza estos días y pedir el destierro de las familias de los detenidos. "Ahora hay mucha policía en la calle y la presión mediática es constante, pero ¿qué pasará cuando ya no se hable de ello y estos delincuentes vuelvan a la calle?", dice un vecino que, como casi todos, teme represalias de los encausados y no quiere ser identificado.

"En diciembre a mi hijo le abrieron la cabeza con una botella nada más entrar en un bar. En el Ayuntamiento me dijeron que no podían hacer nada y que estaba todo controlado. Les dije que no se darían cuenta de la gravedad de la situación hasta que hubiera un muerto, y mira...", explica una comerciante que ha visto cómo perdía clientes por el miedo que tenían de atravesar ciertas zonas del casco viejo de la ciudad. En el mismo barrio, otra familia está pensando en vender su negocio y mudarse tras haber sufrido palizas y robos por parte de un grupo que, aseguran, "son siempre los mismos, pero se conocen muy bien la ley y enseguida salen".

En un pleno municipal extraordinario celebrado el pasado jueves todos los grupos aprobaron una proposición que pide más dotación policial y también cambios en el Código Penal porque, reconoce el alcalde Ramon Camps, "es un grupo violento conocido, pero si no hay lesiones graves las agresiones se consideran sólo faltas y ello no comporta penas de prisión". De momento hay unidad política, pero el enfrentamiento entre la oposición convergente, que hasta la pasada legislatura dominaba el Consistorio que en su amplia mayoría es nacionalista, y el actual alcalde socialista está en el aire. CiU ha empezado a exigir responsabilidades políticas en el Parlamento catalán.

Pero si el pueblo reclama más seguridad, los mossos también han pedido, desde diversas instancias, más respeto por su labor y que se deje actuar a la justicia sin presiones, algo que hasta ahora no ha ocurrido. La crispación se ha reflejado en concentraciones ante la comisaría y en los juzgados, caceroladas, pancartas e insultos contra los mossos, pintadas y llamadas amenazantes a uno de los abogados de los detenidos, carteles con las fotos de los encarcelados repartidas por el pueblo y el boicot de un supermercado ante la presión de las clientas a la madre de uno de los encausados -miembro de la familia de los Catoños, que ya estuvo implicada hace cinco años en otro apuñalamiento de un joven-. Una madre que ha salido en más de una cadena de televisión criticando la hombría de los vecinos y defendiendo a los suyos. Otros familiares de detenidos han denunciado presiones por serlo. "A mí me han despedido de uno de mis trabajos por ser ecuatoriana", asegura una mujer que también trabaja en un locutorio en el que, confirma, acudían algunos encausados a los que califica de "muy educados". Entre los 12 encausados (cuatro son menores) hay españoles, ecuatorianos, marroquíes, bolivianos y dominicanos.

Berga, que antaño fue una rica zona de industrias textiles y mineras, empezó a perder población desde finales de los años setenta al cerrarse casi todas las fábricas. Si ha crecido en los últimos cuatro años ha sido por la inmigración, que ya constituye el 12% del censo y que tiene su origen en 48 nacionalidades, aunque las mayoritarias son la marroquí, la ecuatoriana, la rumana y la polaca. "De momento no hay brotes xenófobos, sino los mismos problemas de adaptación que se viven en todas partes. El problema es que no hay coordinación entre las administraciones y se hacen buenos estudios de diagnosis con recomendaciones importantes, pero después esto no se traduce en actuaciones concretas", indica Gabriel López, responsable de una nueva asociación de inmigrantes que busca promover la integración de las comunidades.