Un vigilante impide a Explosivos acceder a los juzgados de Bergara ante una posible bomba

Un vigilante privado que trabaja en el Palacio de Justicia de Bergara, siguiendo órdenes del jefe de Seguridad de los juzgados vascos, impidió en la madrugada del miércoles pasado el acceso a su interior a un equipo de desactivación de explosivos de la Ertzaintza, que había acudido después de que el mismo guarda hubiera avisado de la presencia de una olla sospechosa a varios metros del edificio judicial.

Las "trabas" a la actuación policial, denunciadas por el equipo de desactivación desplazado al lugar, impidieron que los artificieros pudieran utilizar las cámaras de videovigilancia que tiene para su seguridad estática el edificio judicial de Bergara. La intención de los desactivadores era usar las cámaras para ver más de cerca el artefacto sospechoso y así poder realizar su trabajo "en las mejores condiciones posibles".

El enfado que provocó en los especialistas la negativa del vigilante privado -que dijo seguir órdenes "directas" del jefe de Seguridad de los juzgados vascos- fue de tal calibre que el propio jefe de Operaciones del grupo 2 advirtió al supervisor del vigilante privado de que, "en caso de producirse daños por la explosión del supuesto artefacto" se actuaría contra todas las personas que impidieron la intervención "de la UEDE [Unidad de Explosivos de la policía vasca] y demás unidades que han intervenido en la presente actuación". Así consta en el informe policial abierto sobre el caso bajo el título "Objeto con indicios de bomba".

Este periódico ha intentado ponerse en contacto en varias ocasiones con el responsable de la seguridad de los juzgados, que no ha accedido a explicar su actuación ni a contestar a las preguntas sobre el asunto que le fueron remitidas por escrito. Portavoces oficiales del Departamento de Justicia - de quien depende orgánicamente este jefe, pese a que es un mando de la Ertzaintza- calificaron esta actuación, en nombre de esta consejería y la de Interior, de "correcta, legal y ajustada al protocolo de intervención".

Independientemente del protocolo de actuación que se pueda aplicar en este caso, el Reglamento de Seguridad Privada y la Ley de Cuerpos de Seguridad del Estado obligan taxativamente a los vigilantes de seguridad a colaborar y a seguir las instrucciones de los agentes de la autoridad. En concreto, el artículo 66 del citado reglamento, de 1994, (dedicado a la colaboración con las policías) indica en su punto primero que el vigilante privado tendrá "obligación especial de auxiliar" a cualquier policía "en el ejercicio de sus funciones" y a "prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas, bienes, establecimientos de cuya protección, vigilancia o custodia estuviesen encargados".

Además, la propia Ley de Seguridad Privada, de 1992, cataloga como falta muy grave no colaborar o seguir las instrucciones de una autoridad del orden, y prevé en el artículo 27.1 una multa de entre medio millón de pesetas y 5 millones y la "retirada definitiva de la habilitación".

De hecho, los agentes del equipo de desactivación podían incluso haber arrestado in situ al vigilante o echado abajo la puerta para acceder al Palacio de Justicia y así realizar su trabajo de una manera más segura. En ese momento aún se desconocía que la olla a presión, un utensilio usado con profusión por los terroristas de ETA en la confección de bombas, no contenía ningún tipo de explosivo en su interior.

El Gobierno vasco aseguró ayer a este periódico, en una respuesta lacónica del Departamento de Justicia en la que se vinculaba también a Interior, que la controvertida actuación fue "correcta, legal y ajustada al protocolo de intervención, por parte de todos los responsables de seguridad implicados" en la amenaza de bomba del Palacio de Justicia de Bergara. La actuación del responsable de seguridad de los juzgados ha sido fuertemente censurada por la unidad de explosivos y mandos de la comisaría de Bergara.